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14 dólares por 12 horas de trabajo: detrás de cada banana de Honduras hay un campesino mal pagado
Chiquita, el principal exportador de bananas desde Honduras a Estados Unidos, enfrenta acusaciones de explotación laboral. Sus empleados se quejan de los bajos sueldos y las condiciones riesgosas de trabajo.
LA LIMA, Honduras.- Antes del amanecer, Norma Gómez, de 52 años, se apresuró a entrar en su dormitorio, tomó una camiseta vieja con la frase ‘Porque mi trabajo importa’ impresa en la espalda y se la puso antes de despedirse de su nieto. Ese día, no necesitaría su uniforme.
Gómez, trabajadora de una plantación bananera en La Lima, Honduras, a media hora de la norteña ciudad de San Pedro Sula, es una de los 2,800 empleados de Chiquita Brands International que comenzaron a hacer huelga en diciembre pasado cuando la empresa trasladó su clínica privada de salud a más de una hora de recorrido desde las casas de los campesinos.
Chiquita, una de las compañías de frutas más grandes de La Lima, es el principal exportador de plátanos a Estados Unidos. Con altas tasas de producción y poca atención a las condiciones en los campos, Chiquita enfrenta acusaciones de explotación a sus trabajadores.
Antes del amanecer, Gómez espera el autobús de la compañía cerca de su casa. Incluso cuando está en huelga, ella se presenta en su trabajo, pues teme ser reemplazada si se ausenta. Crédito: Cristina Baussan
Gómez, quien comenzó a trabajar en el campo hace más de 34 años, ve los muchos problemas de salud que enfrentan sus compañeros cuando trabajan en condiciones peligrosas: sufren el síndrome del túnel carpiano en sus brazos debido al trabajo manual constante, aparecen infecciones micóticas en sus manos por tenerlos en agua durante demasiado tiempo, así como sangrado estomacal por estar de pie durante largos períodos de tiempo todos los días. En los últimos cinco años, al menos 24 mujeres se sometieron a una cirugía debido a accidentes ocurridos en el campo.
La jornada laboral de Gómez comienza a las 5:00 de la mañana y termina a las 7:00 de la noche. Sus ganancias diarias dependen de la cantidad de fruta que ella y sus compañeros de trabajo recogen. Trescientos cincuenta lempiras o 14 dólares, es lo máximo que ganan, una cantidad insignificante considerando el costo de la vida en Honduras. Los alquileres mensuales pueden llegar a los 125 dólares y la canasta básica de alimentos, que incluye arroz, frijoles, azúcar, mantequilla y café, puede costar hasta 700 dólares para una familia de seis personas.
La huelga que Gómez ayudó a organizar duró más de dos meses, lo cual provocó 10 millones de dólares en pérdidas de producción. Y la petición que hicieron de tener una clínica médica en La Lima sigue sin respuesta.
La huelga que Gómez ayudó a organizar duró más de dos meses y provocó 10 millones de dólares en pérdidas de producción. Los trabajadores creen que los campos tardarán al menos un año en volver a su estado natural. Crédito: Cristina Baussan
Las quejas de los trabajadores agrícolas sobre violaciones de los derechos de los trabajadores han impulsado los llamamientos a la administración Trump para que revise su apoyo al gobierno de Honduras. El respaldo de Estados Unidos al presidente Juan Orlando Hernández ha agravado la situación de los campesinos, dijo Dana Frank, profesora de historia en la Universidad de California en Santa Cruz y experta en trabajo, derechos humanos y política estadounidense en Honduras.
“Casi no hay voluntad política para enfrentar la impunidad y la falta de aplicación de la ley laboral”, dijo Frank. “Nuestras recaudaciones fiscales en Estados Unidos en realidad apoyan a la policía que reprime a los trabajadores bananeros”.
La huelga más reciente en el último capítulo del movimiento obrero de los trabajadores frutícolas rebeldes y presionados de Honduras, un esfuerzo que comenzó en 1954 cuando 25,000 agricultores bananeros se unieron a una huelga general para conseguir mejores salarios. Desde entonces, los sindicalistas hondureños han sufrido un constante hostigamiento y amenazas de muerte en medio de una agitación política interminable. Muchos trabajadores dudan en unirse a un sindicato, pues temen ser despedidos si lo hicieran.
Los trabajadores de una plantación bananera activa comienzan su turno en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, un pequeño pueblo a pocas millas de La Lima. Los trabajadores de esta finca privada reciben ayuda financiera para la atención médica y los gastos escolares, beneficios que los empleados de Chiquita no reciben. Crédito: Cristina Baussan
“Es muy difícil formar sindicatos aquí”, explicó Iris Munguía, ex agricultora y activista que ahora trabaja en Festagro, la primera federación sindical agrícola de Honduras. “Nuestros empleadores y nuestro gobierno están en contra de nosotros”.
Munguía insiste en que, sin los sindicatos, la vida de los agricultores bananeros no puede mejorar: su presencia permite que se desarrollen negociaciones entre los empleadores y los agricultores, pues los gerentes de las compañías se niegan a negociar con los trabajadores de manera independiente.
La explotación de los empleados de Chiquita permite precios más bajos para los plátanos en los supermercados estadounidenses, se quejan. “Los comemos todo el tiempo y ni siquiera pensamos en lo baratos y accesibles que son”, dijo Frank. Pero la solución a este problema, continuó, no es boicotear los plátanos hondureños. Los agricultores coinciden en esto. Cuantos menos plátanos compren los consumidores extranjeros, más posibilidades tienen de perder sus empleos.
“Si quiere apoyar a los trabajadores bananeros en Honduras, hable con su congresista”, sugirió Frank. “Dígale que recorte la ayuda de seguridad para el gobierno en Honduras y que no reconozca este gobierno represivo que está violando los derechos laborales”.
Los domingos, Gómez lleva a Oscar a la casa de la finca de su padre, donde cosecha caña de azúcar. Este ex empleado de Chiquita, comprende muy bien la lucha de su hija. Dice que las condiciones de trabajo han empeorado desde que se retiró. Crédito: Cristina Baussan
Acurrucados bajo un techo de zinc, en un espacio preparado para reuniones semanales, Gómez y sus compañeros de trabajo preparan el almuerzo. No se supone que cocinen; la empresa lo prohíbe. Pero sin nadie que se los impidiera, las mujeres hacían baleadas, (un plato tradicional de tortillas dobladas por la mitad y rellenas con puré de frijoles colorados fritos) mientras los hombres conversaban.
Cuando sus padres eran empleados de Chiquita, Gómez recuerda los beneficios que obtuvieron de la compañía: se les pagaba el agua, se les proporcionaba el alquiler, se cubrían los gastos de la escuela y familias enteras tenían acceso a un seguro de salud. Actualmente, los trabajadores están solos.
Roxana López, de 27 años, una de las colegas más jóvenes de Gómez y una de las activistas principales de la huelga, habló sin temor al deterioro de la vida en los campos de una generación a otra. “Solía haber un lema en la empresa que decía: ‘Primero los trabajadores, luego el trabajo'”, dijo. “Ahora, es al revés”.
“Tenemos que luchar para que no nos quiten nuestros derechos”, dijo Gómez, mientras lavaba las verduras que les regalaron los miembros de la comunidad que apoyan su causa. “Nuestros antepasados lucharon, y seguiremos haciendo lo mismo”.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation como parte de la Iniciativa de Adelante América Latina.