• About
    • Board of Directors
    • Staff
    • Meet our Donors
    • News
  • Issues
    • Safety
    • Opportunity
    • Reporting
    • Recognition
    • Equity
  • Programs
    • Reporting Fellowships
      • Elizabeth Neuffer Fellowship
      • ¡Exprésate! LGBTQI+ Reporting Initiative
      • Gender Justice Reporting Initiative
      • Global Health Reporting Initiative
      • Round Earth Media
    • Grants & Funds
      • Fund For Women Journalists
      • Fund for Indigenous Journalists: Reporting on MMIWG2T
      • Kari Howard Fund for Narrative Journalism
      • Kim Wall Memorial Fund
      • Reproductive Rights Reporting Fund
      • Reproductive Health, Rights and Justice in the Americas
    • Physical & Digital Safety
      • Online Abuse and Harassment
      • Hostile Environment Training
      • Next Gen Safety Trainers
      • Women in Politics and Media
    • Mentorship & Professional Development
      • Gwen Ifill Mentorship Program
      • Fellowship Program for Afghan Women Journalists in Exile
    • Emergency Assistance
      • Emergency Fund for Women Journalists
      • Black Journalists Therapy Relief Fund
      • Alex Duval Smith Memorial Fund
    • Past Programs
  • Reporting
  • Community
  • Awards
    • Anja Niedringhaus Award
    • Courage in Journalism Award
    • Gwen Ifill Award
    • Annenberg Justice for Women Journalists Award
  • Resources
    • Self Care & Trauma
    • Research
    • Impact Reports
    • Webinars
  • Search
Search Donate
Reporting

Defensores bajo ataque

November 19, 2021 | Carolina Amaya, Diana Manzo, Stanley Luna & Julia Gavarrete | FACTum
Los defensores ambientales están en riesgo de agresiones físicas, legales e institucionales. El Estado los revictimiza mientras sus comunidades están en riesgo. En México, El Salvador y Argentina hay un patrón: los defensores ambientales defienden en medio de la desprotección.
Los defensores de América Latina cuidan del bosque, del agua, de la tierra, pero al hacerlo se convierten en blanco de agresores quienes, a través de diferentes mecanismos, buscan silenciar su lucha y defensa del territorio.

Este es un recorrido desde el norte hasta el sur del continente que muestra cómo se ha criminalizado, olvidado e ignorado a los defensores. Todo esto ocurre meses después de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú* (22 de abril de 2021), el pacto más importante para la defensa ambiental en la región. Aunque hay países como El Salvador que no lo firmaron.

Mientras el acuerdo se cumple, los defensores buscan cómo sobrevivir en medio de ataques de diferentes tipos como lo confirmó un equipo de periodistas en México, El Salvador y Argentina.

Este camino lo iniciamos en una parte del bosque de Oaxaca, en el sureste de México, país donde en varias administraciones el gobierno no ha detenido los asesinatos de defensores ni con la existencia del Mecanismo de Protección de Defensores y Periodistas creado en 2012. En este país, los defensores que habitan en los estados de la República, lejos del centralismo de la Ciudad de México, son los invisibilizados y están indefensos ante agresiones, como le ocurre a Irma, una defensora que desde que le quemaron su casa debe esconderse por su seguridad. Ella aún no ha sido aceptada en el Mecanismo y su caso está olvidado. Sin protección, se refugia en el bosque para sobrevivir porque ella es parte de los Defensores comunitarios tenían protección del Estado mexicano y aún así los mataron.

Tampoco cambia el panorama para quienes son aceptados en el Mecanismo porque, aún con medidas de seguridad, tampoco se garantiza que están seguros y que no serán asesinados. Varios defensores entrevistados denunciaron la deficiente protección que da la empresa RCU Sistemas, S.A. de C.V, asignada por el gobierno federal para proteger a los activistas. Pese a las críticas y cuestionamientos, pero sobre todo ante los asesinatos de dos defensores del territorio y seis periodistas que estaban bajo su protección, como lo confirmó el equipo al acceder a un documento del Mecanismo.

Las cifras de asesinatos contra defensores continúan incrementándose en México. Tan solo en lo que va de este 2021, han asesinado a 10 defensores ambientales según un recuento hemerográfico y en 2020 se cometieron 18 homicidios de ambientalistas, según el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

México firmó y ratificó el Acuerdo de Escazú, contrario a El Salvador, uno de los países que ni siquiera lo firmó; y donde se registran problemas con las consultas ciudadanas. En este país poco o casi nada se habla a nivel regional de la forma en que se agrede a defensores ambientales, no hay una ley de defensores de derechos humanos y el gobierno actual está persiguiendo a las ONG. Todo esto, mientras que los defensores ambientales ni siquiera son considerados personas en riesgo, no hay registros, ni bases de datos de las agresiones que sufren y, cuando son atacados, sus casos suelen ser criminalizados y estigmatizados al asociarlos con conflictos entre pandillas.

El Salvador criminaliza y judicializa a defensores ambientales como se confirmó en una base de datos construida por este equipo que logró documentar casos ocurridos entre los años 2000 y 2021, en la zona occidental y paracentral del país se han registrado 65 ataques a los defensores ambientales, de los cuales 44 fueron justificados como riñas entre pandillas, es decir, procesados por el sistema judicial. La base analizada registró 14 casos de los que se desprenden 48 víctimas, en su mayoría hombres campesinos.

En la base de datos, también se identificó a 32 victimarios, segmentados en servidores públicos y personajes privados que van desde integrantes de la Policía Nacional Civil hasta de grupos empresariales, en los que destacan las industrias de la minería, energías renovables, construcción y el crimen organizado.

Al llegar al sur, Argentina parecería uno de los países que ha avanzado en la legislación ambiental e incluso fue una de las naciones que impulsó el Acuerdo de Escazú. A pesar de ello, las comunidades y colectivos defensores del medio ambiente han visto cómo la defensa del territorio se vuelve una tarea complicada porque Argentina es un laberinto para la justicia ambiental al no generar una justicia expedita. Ante esto, las comunidades deben acudir a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque ahí han encontrado que los procesos también son lentos y contrastan con la rapidez con que las empresas extractivistas se instalan en el país.

Argentina es referente ambiental de América Latina, y tiene leyes, pero le falta que la justicia tipifique los delitos ambientales que hasta ahora son inexistentes. Las víctimas viven una odisea, porque ni siquiera con las instancias internacionales tienen asegurado el acceso a sus derechos.

México, Argentina y El Salvador tienen legislaciones ambientales de diferentes niveles. Aún con la ratificación del Acuerdo de Escazú, este convenio internacional no es punitivo, es decir, no hay castigo para quien lo incumpla. En entrevista con el jefe de Unidad de Políticas para el Desarrollo sostenible de la División de Asentamientos Humanos de la Cepal, Carlos de Miguel, explica que para dar continuidad a su cumplimiento la Conferencia de Las Partes, la máxima autoridad en este tipo de acuerdos, deberá crear un comité para dar recomendaciones y gestionar la cooperación entre los países que quieran mejorar sus mecanismos legales relacionados al acceso a la información, participación ciudadana, acceso a la justicia en asuntos ambientales y la protección de defensores ambientales.

Uno a uno, las y los defensores son agredidos y cuando esto pasa no se trata de casos aislados. Todo lo que viven tiene efectos en sus comunidades, porque el miedo se instala para intentar paralizar la defensa ambiental. En este recorrido, así como los ataques a los defensores son la constante, el equipo encontró una coordenada común: Los pueblos resisten y no se detendrán en la defensa de su territorio y de sus recursos naturales.

* Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú.
america
Defensores comunitarios tenían protección del Estado mexicano y aún así los mataron
El Salvador persigue a los guardianes del agua y la tierra
Argentina es un laberinto para la justicia ambiental
Infografías
Fotos
Videos

 

iwmf

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Adelante en América Latina.

About the Authors

Carolina Amaya

Carolina Amaya is a freelance journalist with 14 years of experience. She has specialized in climate crisis and socio-environmental conflicts. She graduated as a journalist from the University of El… Read More.


Diana Manzo

Diana Manzo, es una reportera de origen zapoteca y aprendiz de la vida. Vive en el Istmo de Tehuantepec donde trabaja como free lance para medios como La Jornada, Istmo… Read More.


Stanley Luna

Periodista de El Salvador. Ex becarie del periódico Cosecha Roja y del programa Adelante, de la International Women’s Media Foundation. Escribe para medios argentinos y salvadoreños. En 2020 fue parte… Read More.


Julia Gavarrete

Julia Noemy Gavarrete is a Salvadoran journalist specialized in political issues, violence and its impact on children and vulnerable communities. In 2021, she joined El Faro newsroom. Since 2011, she… Read More.

Original Publication
FACTum
Related Topics
Environment
More From These Authors
Argentina es un laberinto para la justicia ambiental
Stanley Luna
Honduran Teen Fled Gangs at Home only to be Murdered while Stranded at the U.S.-Mexico Border
Julia Gavarrete, Heather Gies

Sign Up For Our Mailing List

Mission

We unleash the potential of women journalists as champions of press freedom to transform the global news media.

Address

1625 K Street NW, Suite 1275
Washington, DC 20006, USA

Contact Us

info@iwmf.org
(+1) 202-496-1992

Connect
Privacy Terms of Service

Copyright © 2023 International Women's Media Foundation. All Rights Reserved.
Nonprofit Web Design by NMC.