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Fue condenada a 30 años por la muerte de su bebé en el parto: ahora vuelve a juicio en El Salvador
Teodora del Carmen Vásquez, 34, has been jailed at El Salvador's Ilopango Women's Prison for over 10 years. After she delivered her baby stillbirth at nine months, authorities accused her of murder.Fue condenada a 30 años por la muerte de su bebé en el parto: ahora vuelve a juicio en El Salvador
Actualización 8 de diciembre, 3 p.m. EST: La audiencia ha sido suspendida hasta el miércoles 13 de diciembre después de que la fiscalía pidiera más tiempo para prepararse.
SAN SALVADOR, El Salvador.- Han pasado diez años desde que Teodora del Carmen Vásquez perdió el conocimiento en un baño en su lugar de trabajo, cuando tenía nueve meses de embarazo y dio a luz a un bebé muerto. Después de que la policía la acusó de matar a su recién nacido, fue sentenciada a 30 años de prisión.
Tras cumplir un tercio de su condena, pasa las semanas y los meses leyendo libros. “En los 10 años que he estado aquí, probablemente he leído 500 libros”, dijo Vásquez, de 34 años, a Univision durante una reciente visita a la prisión para mujeres de Ilopango.
Segura y con buena dicción, está sentada en un patio sombreado dentro de la prisión, muy diferente a lo que ella describe como las celdas superpobladas donde vive junto a cientos de mujeres.
“Cuando yo estaba allá afuera, solo había estudiado tercer grado. Ahora ya soy bachiller”, dice. “Siempre estoy leyendo libros o estudiando algo para no sentir mucho el tiempo, ni estar pensando solo en que estoy acá”.
El Salvador tiene una de las leyes de aborto más estrictas del mundo. Con el firme apoyo de la Iglesia Católica del país y un poderoso grupo de presión provida, el aborto se volvió ilegal en todos los casos en 1998, incluyendo la violación. Es uno de los cinco países en el mundo donde no se permite el aborto ni siquiera para salvar la vida de una madre embarazada; los otros son República Dominicana, Nicaragua, la Santa Sede y Malta.
Pero el gobierno salvadoreño también ha arrestado a docenas de mujeres por aborto (lo cual conlleva una sentencia de hasta ocho años) y las ha condenado por matar a sus recién nacidos, imputándoles cargos de homicidio agravado, lo que puede conllevar sentencias de hasta 50 años.
Sus casos han generado indignación entre los defensores de los derechos humanos, quienes dicen que ejemplifican el fracaso del sistema legal de El Salvador.
“Al igual que muchas otras mujeres en El Salvador, Teodora fue víctima de una cacería de brujas que buscaba razones para sospechar de mujeres por haber abortado y luego acusarlas de un delito”, dice Larry Ladutke, especialista en El Salvador para Amnistía Internacional, organización que pide justicia para Vásquez.
El 8 de diciembre, Vásquez regresará a la corte para una revisión de su caso. Ella dice que espera otra oportunidad; espera poder volver a ser madre de su hijo de 14 años, quien tenía tres años cuando ella fue a la cárcel.
“Era una persona trabajadora, responsable. Nunca me metí en problemas. Jamás en mi vida pasó por mi mente que yo iba a pasar por un lugar de estos”, dice Vásquez. “Es diferente cuando uno es culpable, pero me considero completamente inocente de lo que me han acusado”.
Historia de la ley
Según el Código Penal de 1973 de El Salvador, el aborto se permitía en varios casos. Pero en 1997, el partido derechista Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, presentó un proyecto de ley para enmendar el código y prohibirlo. El proyecto de ley fue aprobado y entró en vigor en 1998. El año siguiente, una enmienda constitucional exigió que el estado protegiera la vida humana desde el momento de la concepción.
En las dos décadas transcurridas desde entonces, los grupos de derechos humanos nacionales e internacionales se han manifestado en contra de la ley, alegando que ha llevado a mujeres y niñas a morir o a ser injustamente encarceladas.
El año pasado, el parlamentario de ARENA Ricardo Andrés Velásquez Parker presentó un proyecto de ley que podría aumentar la pena máxima de aborto de ocho a 50 años, lo mismo que el homicidio agravado.
Una amplia investigación muestra que restringir el acceso al aborto no reduce la cantidad de abortos, solo los hace más peligrosos. Según el Ministerio de Salud de El Salvador, en los tres años entre 2005 y 2008, hubo 19,290 abortos en el país, el 27.6% de ellos de madres menores de edad. Es imposible saber cuántos de esos resultaron en la muerte de la madre. Pero según la Organización Mundial de la Salud, en países donde el aborto está completamente prohibido, solo uno de cada cuatro abortos se produce en condiciones seguras. En El Salvador, el 30% de quienes dieron a luz en el país en 2015 fueron niñas de 10 a 19 años.
Las restricciones han llevado al surgimiento de una red clandestina de farmacéuticos y médicos que trabajan para practicar abortos seguros a niñas y mujeres.
Uno de esos médicos, quien adopta el nombre de Dr. Hell para proteger su privacidad, es parte de un colectivo de médicos que realizan el procedimiento. Juntos, asegura que realizan de seis a 10 abortos por mes y que la gran mayoría de sus pacientes son mujeres pobres. Eso se debe a que las mujeres con recursos económicos pueden encontrar fácilmente un médico para que les practique el procedimiento.
“Una mujer con poder adquisitivo, fácilmente puede acceder”, dice. “Nuestra filosofía de trabajo es que nuestro servicio llegue al mayor número de mujeres”.
Unas 20 mujeres se encuentran actualmente en prisión en El Salvador, cumpliendo sentencias severas por lo que alegan son causas naturales. Aunque los fiscales declararon que mataron a sus bebés, todas las mujeres informaron que sus recién nacidos nacieron muertos o murieron poco después del parto.
Tras una visita a El Salvador el mes pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, dijo que estaba “consternado” porque las mujeres están siendo castigadas en El Salvador por abortos involuntarios evidentes y otras emergencias obstétricas. Le hizo un llamado al país para que “revise todos los casos en que las mujeres han sido detenidas por delitos relacionados con el aborto, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del debido proceso y las normas de un juicio justo”.
“Si se descubre que sus casos no se apegaron a derecho, hago un llamamiento para la liberación inmediata de estas mujeres”, escribió en un comunicado.
Pero quienes se oponen al aborto dicen que los reclamos de las mujeres son mentiras impulsadas por un “cabildo proaborto” internacional que busca cambiar la ley de aborto de El Salvador.
Es “injerencia internacional”, dijo Velásquez Parker a Univision, “de organizaciones que intentan posicionar esas recomendaciones, esas posiciones ideológicas, propagandísticas, en detrimento del sentir de poblaciones como la mía. Este lobby, esta industria internacional, está yendo contra natura, contra sentido común”.
“Estas mujeres”, dice, “han asesinado a sus hijos ya nacidos”.
“Yo ni siquiera sabía que estaba embarazada”
Vásquez es una de las 17 mujeres, conocidas como ‘ Las 17′, que entre 1999 y 2011 fueron sentenciadas luego de presuntos abortos, la mayoría bajo cargos de homicidio agravado.
El 13 de julio de 2007, Vásquez estaba embarazada de nueve meses, cuando dice que comenzó a sentirse mal en la escuela donde trabajaba como cocinera. Llamó al 911 para reportar un dolor que pensó que indicaba que estaba por a dar a luz. Pasaron las horas, el dolor empeoró y la ambulancia nunca llegó. Después de sentir el deseo de ir al baño, se detuvo sobre el inodoro y se desmayó. Solo recuerda fragmentos de lo que sucedió después.
“Luego de eso pude reaccionar, pero no recuerdo nada”, dice. “Volví a desmayarme y no escuché nada, no escuché que mi bebé llorara, no escuché absolutamente nada”.
Cuando llegó la policía, dicen que encontraron a su bebé en la taza del inodoro, sin vida. Vásquez yacía en un charco de sangre.
“Según yo todavía no lo había tenido y estaba esperando que ellos llegaran para auxiliarme”, dice. “Ellos no llegaron nunca. Cuando yo les llamé yo les dije de que yo estaba embarazada y que mi bebé ya iba a nacer y que necesitaba que me auxiliaran y no lo hicieron”.
Su abogado, el defensor de derechos humanos Víctor Hugo Mata, dice que el juicio de Vásquez fue injusto desde el principio. No hay certeza de que su bebé nació vivo, dice. Pero ella fue declarada presunta culpable y acusada de homicidio. Al ser de una familia pobre, no podía permitirse un equipo legal que la representara.
“Normalmente estos casos se cierran ante la posibilidad de revisión, cuesta que los revisen y la fiscalía tiene un papel muy vergonzante”, dice. “La fiscalía acusa sin tener pruebas contundentes. No investigan adecuadamente el delito. Los tribunales muchas veces se mueven por la opinión pública o se mueven por presunciones más que por hechos y se les acusa de haber asesinado al bebé”.
En un caso similar a principios de este año, Evelyn Beatriz Hernández Cruz, de 19 años, fue declarada culpable de homicidio agravado en julio después de dar a luz a un bebé prematuro, probablemente nacido muerto, en el retrete de la casa de su familia, en una zona rural. Ella tuvo sangrado vaginal antes del incidente, y más tarde se descubrió que tenía una infección en la vejiga, un precursor común de las complicaciones obstétricas. Fue condenada a 30 años de prisión.
El juez concluyó que Hernández Cruz estaba mintiendo y que mató intencionalmente al bebé.
“Cuando el fiscal dijo que me estaba acusando de matar a mi bebé, le dije que yo no lo había hecho”, dice. “Ni siquiera sabía lo que estaba pasando, ni siquiera sabía que estaba embarazada. Nunca tuve síntomas”.
Dentro de Ilopango, Vásquez dice que ha tratado de servir como una especie de figura mentora para Hernández Cruz. “Siempre la busco a ella para hablar, para apoyarla, para decirle que ahí estamos”, dice. “Espero que ella pueda salir de este lugar. Últimamente la he visto muy triste”.
Revisión del caso
Mata dice que tiene esperanzas de que el cargo de Vásquez sea anulado y que pronto sea liberada de la prisión. El juicio probablemente durará un día. “Pero siempre me asaltan las dudas”, dice.
Desde 2008, Mata ha litigado exitosamente la liberación de otras tres mujeres encarceladas con casos similares. Una de esas mujeres, María Teresa Rivera, fue liberada el año pasado y más tarde buscó refugio en Suecia.
“Son todos iguales”, dice. “Son emergencias obstétricas, partos intempestivos, que dejan sin conciencia a la madre y el neonato ya viene muerto o muere inmediatamente después de nacer. Pienso que esto debería atraer más atención dentro del país”.
“Los casos están llenos de puras falsedades”, agrega Mata. “Y esto destruye totalmente la vida de la mujer”.
Ladutke, de Amnistía Internacional, dice que esto les sucede exclusivamente a las mujeres pobres porque los hospitales privados usualmente no les informan a las autoridades sobre las mujeres que se practican abortos.
“En los hospitales públicos, el personal teme que se le acuse complicidad en el aborto, por lo que se apresuran a juzgar que las mujeres se han involucrado en un infanticidio o han abortado”, dice.
Un nuevo proyecto de ley presentado a fines del año pasado por el partido izquierdista Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí permitiría el aborto en casos de violación, cuando la víctima es menor de edad o víctima de trata de personas, cuando el feto no es viable o para proteger la vida o la salud de una mujer. Pero el proyecto de ley ha enfrentado una fuerte oposición y parece estar estancado.
Velásquez Parker dice que permitir el aborto por ciertas causas es un camino peligroso. Abriría “una pequeña ventana” que eventualmente se convertiría en “abortos a libre demanda”, dice. “Porque eso es lo que ha pasado en cada uno de los países que inició el debate”.
En el caso de Vásquez, Mata argumentará que el fiscal dictó sentencia basándose en conjeturas, y que el caso carece de hechos probados.
Si la liberan, Vásquez dice que espera irse de El Salvador.
“No solo yo, sino toda mi familia”, dice ella. “Me gustaría irme y nunca más regresar porque no ha sido favorable todo lo que mí país me ha dado. No esperaba eso de mi país. Pero lastimosamente eso recibí yo”.
Si los jueces confirman el cargo, es probable que permanezca en prisión para terminar el resto de su condena de 30 años.
Por ahora, ella está ocupada con talleres y clases, y, por supuesto, libros. Tras las rejas, lee todos los géneros. Pero los libros que más le ayudan son aquéllos que buscan dar respuestas.
Su libro favorito es el bestseller cristiano ‘Cuando lo que Dios hace no tiene sentido’.
“Porque estoy aquí, y esto no tiene sentido”, dice ella. “Solo estoy aquí”.
La International Women’s Media Foundation apoyó esa cobertura desde El Salvador como parte de la iniciativa Adelante Latinomérica.