Odio en Guatemala es una investigación periodística sobre la violencia política, social y mediática ejercida contra la comunidad LGBTI. Este proyecto fue realizado con el apoyo de la International Women ‘s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa ¡Exprésate! en América Latina.

Texto: Astrid Morales
Ilustraciones: Déesireé Cordón

Las personas de la diversidad sexual están constantemente en riesgo. La violencia sistemática, fomentada por prejuicios y estereotipos, y el conservadurismo de la sociedad guatemalteca son las bases para que estas personas se conviertan en foco de agresiones, actos de discriminación y homicidios.

Los responsables de los crímenes contra la comunidad LGBTI difícilmente son identificados y juzgados, amparados bajo un sistema de justicia colapsado y poco enfocado hacia los derechos de las poblaciones vulnerables.

El Estado 

El país tiene un largo historial de violación a los derechos humanos, en el que se evidencia que la comunidad LGBTI es una de las poblaciones violentadas durante el Conflicto Interno Armado (1960-1996) por el Estado y las fuerzas de seguridad.

El informe “La criminalización de la población LGBTI en los registros policiales 1960-1990” muestra que al menos 156 personas gays y lesbianas fueron perseguidas sistemáticamente, detenidas ilegalmente y humilladas por la extinta Policía Nacional (PN). Los registros demuestran cómo en algunos casos, los agentes indicaron la  homosexualidad como un delito y en otros, como agranvante de delitos.

Más de tres décadas después, la ausencia de marcos legales que protejan y garanticen los derechos de estas poblaciones —sumado a un debilitado sistema de justicia con altas tasas de impunidad— son factores que hacen evidente el desinterés del Estado.

Existen grupos como la Asociación La Familia Importa y personas en puestos de poder, como el congresista Aníbal Rojas, del Partido Político Visión con Valores -VIVA-, quienes impulsando propuestas como la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, obstaculizan los procesos de la búsqueda de garantías de los derechos de estas poblaciones.

“Creemos en un país con valores firmemente establecidos en Dios y en pro de la vida (no al aborto) y en matrimonios hombre-mujer, como lo es nuestro diseño original”, manifestó Rojas en su cuenta de Facebook, cuando presentó el proyecto de ley.

Rojas, político de corte conservador, es uno de los opositores más reacios a los temas de poblaciones vulnerables. Actualmente es el vicepresidente de la comisión de Derechos Humanos en el Congreso y en 2018 fue Presidente de la Comisión de la Mujer.

Durante su gestión, la Comisión de la Mujer dio dictamen desfavorable a la Ley de identidad de género. La propuesta buscaba que las personas trans pudieran acceder a documentos que las identifiquen acorde a su identidad de género.

Aunque el dictamen sostiene que “es evidente que la comunidad transgénero en Guatemala es una población particularmente vulnerable, expuesta a violencia física y sexual”, los congresistas utilizaron argumentos propios de un discurso transfóbico para rechazar la propuesta.

Algunos argumentos de la comisión para bloquear esta iniciativa fueron:

1. La norma permitiría que las personas cambien su sexo, por lo que dos personas del mismo sexo podrían contraer matrimonio. El análisis hecho por las y los congresistas señala que la familia es heterosexual y que se da con el fin de procrear.
2. El cambio presentaría consecuencias en la legislación laboral, pues una persona que se perciba con un “sexo distinto del ‘asignado al nacer’” podría acceder a los derechos de las mujeres en materia laboral.
3. Las personas podrían acceder a otros beneficios en material civil y penal específica para las mujeres como la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer.

El dictamen sugiere que cambiar la “‘concordancia entre el nombre y el sexo expresado en el documento” equivale a “cambiar la fecha de nacimiento de un ciudadano porque este se autopercibe como mayor o menor de edad”.

Tristán López, integrante del Colectivo Trans-Formación explica que para las personas trans es un problema no tener documentos que coincidan con su identidad de género. Afirma que cuando realizan actividades que requieren documentación oficial, les dicen que no pueden hacer el trámite “porque es personal” y de esta forma se les limita procesos tan básicos como cambiar un cheque.

Sin embargo, resalta que tener la documentación adecuada solo sería el primer paso para subsanar una injusticia histórica, que engloba la falta de reconocimiento de que las personas trans son sujetas de derecho. Si fueran reconocidas por el Estado, se podrían generar políticas públicas, programas institucionales para que se corrijan todas las desigualdades sociales que las perjudican.

“El contexto de hombres trans en Guatemala está marcado por mucha invisibilidad, soledad y violencia. (…) No sabemos cómo enfrentar a un sistema que no está hecho para nosotros. Recuerdo, desde mi experiencia, cuando me enfrenté con esta identidad de género trans (…) no sabía cómo hacer mi transición, no sabía a dónde ir para tomar hormonas (…) no sabía si me iban a querer atender en las clínicas”

Explica Tristán López, integrante del Colectivo de Hombres Trans Trans-Formación y la Red de Colectivos Americanos de Hombres Trans.

Otra acción que expone claramente la postura conservadora del Gobierno es la creación del comité temporal para la protección de la vida y la familia, el cual tiene por objetivo “proporcionar asesoría integral para el análisis de la propuesta de la Política Pública de Protección a la vida y la Institucionalidad de la Familia”. Pero en el proyecto no se toma en cuenta a todos los tipos de familia.

La formación del comité se hizo pública un día después de que el politólogo Agustín Laje diera una  conferencia en el Congreso organizada por  AFI  titulada “El impacto de la agenda globalista en la cultura y política de Guatemala”. En ella se enfocó en los temas: feminismo, aborto y la agenda LGBTI aduciendo que son herramientas “para destruir las naciones independientes, el matrimonio y la vida espiritual”.

“Pensar que mi pensamiento puede determinar mi identidad sexual es algo bastante ridículo a tal punto que eso me llevaría incluso a hormonarme de por vida, a mutilar mi cuerpo (…) es tan ridículo que necesita del Estado, necesita de legislaciones (..)”, dijo.

Además indicó que “el problema” no es que las personas se identifiquen con un género distinto al asignado al nacer, sino que se trata de un elemento “de una ideología autoritaria que ataca la libertad (..) y que va contra los derechos de las mayorías”.

Su discurso claramente homofóbico y transfóbico propone que el Estado de Guatemala tome una postura anti derechos e imponga legislaciones basándose en un único tipo de familia, de orientación y de identidad de género.

Diez años de políticas LGBTI. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, en Guatemala algunas poblaciones reciben protección desigual.

Otros actores que vulneran los derechos LGBTI

A nivel social, existe discriminación, agresiones y persecución a miembros de la comunidad LGBTI por parte de personas individuales.

El Gobierno de Guatemala carece de un sistema unificado de estadísticas de delitos cometidos contra la comunidad LGBTI. Cada organismo del Estado tiene una metodología distinta para cuantificar y presentar la información, por lo que las estadísticas oficiales son limitadas, no están correctamente clasificadas y presentan inconsistencias.

Hasta 2015, el MP no reconocía a la población LGBTI en sus estadísticas.

Ese año, el MP reportó 7 denuncias. Sin embargo, el Ministerio de Gobernación (Mingob) cuantificó 104 casos, y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) recibió 16.

Acorde a la PDH, de 2015 a 2020 los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango son los territorios en los que se realizaron más denuncias. Ambos son los centros urbanos más grandes del país a donde cientos de personas LGBTI llegan con dos objetivos: anonimato y libertad para expresar su identidad de género y orientación sexual. Sin embargo, no están exentas de la violencia.

Los números de la PDH también demuestran una falta de cultura de denuncia. En Izabal, uno de los departamentos donde acorde al Observatorio de muertes violentas por orientación sexual e identidad de género en Guatemala, la violencia contra personas LGBTI está en alza, únicamente se reportan dos denuncias en cinco años.

Por su parte el Ministerio Público (MP) registra que las amenazas, discriminación y lesiones leves son los delitos cometidos contra personas LGBTI con las estadísticas más altas, demostrando que se ejerce tanto violencia física como psicológica a esta población.

El MP también muestra a la capital como el departamento con más denuncias entre 2015 y 2020, pero los datos no concuerdan con los de la PDH. Esta falta de coincidencia en las cifras impide el desarrollo de políticas públicas con enfoque LGBTI.

Las instituciones estatales no tienen personal capacitado. No solamente en el ámbito técnico, tampoco en la sensibilización para abordar estos casos y atender y acompañar a las personas cuando buscan atención médica, justicia u otro derecho básico.

“En el caso de salud no existen protocolos ni estándares adecuados para las mujeres trans (…) solo nos ven como foco de VIH y nos atienden en el área de VIH para condones y lubricantes. En el sistema de la Policía Nacional Civil (…) lo que hacen es discriminarnos, tratarnos como hombres. (…) hacen abuso de autoridad y no respetan nuestra identidad de género”

Afirma Galilea Monroy, Directora de la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (Redmmutrans).

En un informe publicado por las organizaciones Visibles y Colectivo Trans-Formación, incluyeron los resultados de una encuesta realizada a 344 personas LGBTI (24 trans y 289 cisgénero, quienes se identifican con el género que les fue asignado al nacer). De éstas, 112 respondieron haber sufrido algún tipo de discriminación. Solo 41 personas denunciaron las agresiones pero ninguna ha hecho seguimiento a su caso.

El miedo a las represalias es una de las razones de quienes no se animaron a denunciar. Esto demuestra la poca confianza en las instituciones, fundamentada en los altos niveles de impunidad y el temor a la revictimización por parte de trabajadores del Estado.

Instituciones que trabajan en pro de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI hacen esfuerzos por visibilizar su situación. Por ejemplo, las organizaciones REDNAS y LAMBDA se unieron para crear el Observatorio de muertes violentas por orientación sexual e identidad de género, plataforma que brinda datos estadísticos sobre violaciones a los derechos humanos de las poblaciones LGBTI y muertes por prejuicio.

Acorde a sus registros, en 2018 fueron asesinadas por lo menos 21 personas LGBTI. En su publicación “Prejuicio y crímenes de odio: la violencia como forma extrema de la estigmatización y negación de la diversidad”, Visibles asegura que en 2019 las organizaciones sociales documentaron más de 20 de estos crímenes. En 2020, el Observatorio determinó que se cometieron al menos 19 asesinatos, en su informe mensual de enero de 2021 reportan 5 y en el de febrero, 1.

Este documento reúne datos recolectados por las creadoras de este proyecto con el objetivo de hacer más visible la magnitud del problema, centralizando información respecto a los crímenes por prejuicio cometidos contra la comunidad LGBTI en Guatemala. Está abierto para que pueda ser útil a estudiantes, investigadores, periodistas, o cualquier persona interesada en profundizar en el tema.

Los medios amarillistas 

La mayoría de medios de comunicación no suelen manifestar interés para posicionar el tema LGBTI en sus agendas. Mucho menos cuando se trata de cubrir hechos en los que se evidencian claramente las situaciones de abuso, discriminación y otros tipos de violencia.

Hay medios que únicamente cubren las noticias cuando las personas LGBTI son presuntas agresoras. Y, en muchos casos, abordan el tema desde la perspectiva del morbo y el amarillismo y nombran incorrectamente a las poblaciones y sus identidades, en especial a las personas trans.

Titulares como “Hombre vestido de mujer (…)” demuestran la falta de preparación de las y los periodistas y el poco conocimiento e interés de las mesas editoriales en temas de género y diversidad sexual.

Es común que los medios presenten las violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTI como hechos aislados. También tienden a la revictimización, culpando a las personas por lo sucedido, cubriendo la noticia sin pedir sus declaraciones o poniendo en duda su versión de los hechos.

Andrea Díaz, representante de la organización Vidas Paralelas, comenta que considera que existen algunos periodistas que tienen la intención de cubrir temas relacionados a las poblaciones LGBTI, pero las líneas editoriales de los medios no se los permiten o los condicionan para que lo hagan de manera sensacionalista.

Por otro lado, también expresa preocupación ante las prácticas de periodistas que difunden discursos de odio. “A veces su desconocimiento sobre el tema LGBTI es abismal o bien dejan que sus creencias religiosas y culturales influyan en su trabajo”, dice.

“En una ocasión un periodista de radio le dijo a una compañera (mujer trans) que al usar indumentaria maya insultaba a la población indígena. Además, en 2018 organizamos un conversatorio sobre diversidad en el Centro Cultural Casa Noj.  Colocamos una bandera de la diversidad y automáticamente la actividad pasó a segundo plano. Los periodistas se enfocaron en conseguir “una explicación” del director del centro cultural. Al final, entre el trabajo de los medios y la presión social, las autoridades municipales retiraron la bandera. Recibimos comentarios de odio y amenazas de algunos pobladores”, explica.

Las voces de la comunidad: personas LGBTI+ de distintos puntos del país narran sus experiencias de discriminación, agresiones físicas, verbales, psicológicas y otros tipos de violencia, demostrando la abismal ausencia de espacios seguros en la sociedad guatemalteca para estas poblaciones.

La autodefensa LGBTI

Aunque han habido algunos avances, como la creación de la Defensoría de la Diversidad Sexual de la PDH y la carceleta para personas LGBTI en la Torre de Tribunales, las poblaciones LGBTI en Guatemala han tenido que organizarse para buscar por sus propios medios la defensa de sus derechos.

El Colectivo de Amigos Contra el Sida (CAS) tiene una clínica enfocada en la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Está abierta a todo público, pero trabajan principalmente con hombres gays y bisexuales. “El gobierno solo da condones en los servicios de salud. Ahora hay otras opciones mucho más eficientes en la prevención del virus (como la PrEp) y si las usaran podrían reducir significativamente el número de nuevas infecciones”, dice César Galindo, director de CAS.

Con 14 mil personas atendidas en 2020, el 30% de los casos diagnosticados de VIH en el país se realizaron en este lugar. Además de dar acompañamiento a quienes obtienen diagnóstico positivo, tienen programas de atención psicológica y acompañamiento legal. También son la primera clínica en Centroamérica en ofrecer PrEp, tratamiento para la prevención de VIH en personas consideradas de alto riesgo.

Galindo comenta que los pacientes con reciente diagnóstico de VIH, a los que la CAS refiere a los hospitales nacionales reciben el tratamiento adecuado y que actualmente no hay desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales (ARV).  Sin embargo, también resalta que si bien el Estado absorbe los gastos de atención en personas con VIH,  tiene poca participación en los programas de prevención, especialmente con grupos de alto riesgo.

Mientras que el costo mensual de atención para una persona con VIH es de entre $200 y $300, un frasco de 30 pastillas PrEp cuesta alrededor de $4. Aunque las matemáticas son claras, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) no ofrece esta alternativa.

Por otro lado, ante la falta de atención diferenciada e integral por parte del Estado para las personas trans, el Colectivo Trans-Formación cuenta con la única clínica en Centroamérica especializada en hombres trans.

En la clínica se enfocan en darles una asistencia en la que trabajan en conjunto las afectaciones biológicas y psicológicas, así como la repercusión que puede tener en ellos desenvolverse en una sociedad no inclusiva y discriminatoria.

La organización ha hecho jornadas mensuales gratuitas de medicina general, ultrasonidos pélvicos y de detección de hepatitis. Desde 2019 brindan consultas en línea a personas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Perú. Y entre 2020 y 2021 ha financiado el cambio de nombre de 13 hombres trans.

También realiza capacitaciones en línea en temas como la prevención de enfermedades de transmisión sexual y los derechos sexuales y reproductivos y ofrece tratamiento de reemplazo hormonal.

La médica Yusimil Carrazana comenta que atiende personas de entre 18 y 52 años y que el proceso inicia con una serie de exámenes de laboratorio básicos para determinar la salud del interesado. Una vez se establece que las condiciones son óptimas y que la persona comprende todas las cargas emocionales y sociales que implica hacer este cambio en el contexto guatemalteco, inicia la terapia. El costo de la dosis de testosterona mensual es Q250 – Q 350.

Además existen dos procedimientos irreversibles a los que los hombres trans pueden someterse: la mastectomía con virilización (extracción de la glándula mamaria y la reconstrucción del tórax con su propio pezón, pero de forma masculina y la  histerectomía con ovariectomía (extracción del útero y de los ovarios).

Aunque las personas tengan los medios económicos para someterse a estas operaciones, el colectivo ha tenido que buscar profesionales y lugares amigables con las poblaciones diversas porque en las instituciones de salud pública y privada no se comprende la necesidad de estas intervenciones y no se les da un trato respetuoso a los hombres trans.

Además de la salud, el acompañamiento legal es otro de los temas clave de las organizaciones en pro de los derechos humanos de las personas LGBTI.

Por ejemplo, Trabajando Unidos, organización de Huehuetenango, denunció ante la PDH el caso de José Díaz, joven gay de 18 años que fue asesinado en 2019. Su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío y presentaba cortadas en la piel hechas para escribirle insultos dirigidos a su orientación sexual.

El colectivo también brindó acompañamiento legal y psicosocial a la madre de José Díaz. Hasta el momento no se han identificado responsables por el crimen.

La sociedad civil tiene sus exigencias claras: el reconocimiento de la situación de las personas LGBTI y  la implementación de leyes que reconozcan la identidad de género y penalicen la discriminación y violencia ejercida contra estas poblaciones, un gobierno y educación laica y la capacitación de los funcionarios  en temas de género y diversidad sexual.

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