Guatemala es el noveno país con la razón de mortalidad materna más alta en América Latina, según la CEPAL. Especialistas y comadronas coinciden en que, a pesar de los avances en los últimos años, no hubo  estrategias claras para proteger a las mujeres embarazadas durante la pandemia por COVID-19.

Ilustraciones: Isabella Vaidovits

Cuando el médico enunció el diagnóstico, Ana se sintió aliviada: “Ella tiene sinusitis”, le dijo un doctor privado sobre los síntomas que estaba padeciendo su madre. Esto lo cuenta Zaira López, enfermera del centro de salud pública de Salcajá en Quetzaltenango. Hemos llamado Ana a su amiga para proteger su identidad, porque ella ya no puede contar su propia historia.

Zaira cuenta que tras ese diagnóstico, en plena pandemia por COVID-19, toda la familia de Ana bajó la guardia, y ella, embarazada de 20 semanas, se dedicó a atender a su madre enferma mientras sus síntomas pasaban. Una semana después los de ella comenzaron.

“Ellos se confiaron con lo que el médico les dijo, sin haber hecho la prueba”, relata Zaira.

El segundo domingo de agosto de 2021, Ana, de 37 años, comenzó a tener dificultades para respirar, después de tres días de fiebres altas y tos. Ese mismo día se hizo la prueba de COVID-19 y salió positiva. Para el martes estaba hospitalizada en un centro privado de su localidad con un pulmón colapsado.

“El caso fue que ella se complicó estando en el hospital. Le dio un paro cardiorrespiratorio. A él [su esposo] le notificaron el siguiente martes, a los ocho días, de que el bebé ya había muerto, ella todavía tenía signos pero murió como 12 horas después”, narró López.

Ana dejó dos hijos adolescentes y a su familia destrozada. El esposo no aceptó hablar con medios de comunicación. Su dolor aún es muy reciente.

“Las secuelas que dejan, no solo físicamente, sino emocionalmente, es un dolor grande para la familia, hasta enojo. Él me decía: mire el médico no diagnosticó a la mamá y ahora por eso ella murió”, explicó López.

La muerte de Ana pudo haberse evitado si el médico hubiera seguido los protocolos de la Organización Mundial de Salud que estipulan que la prueba debe hacerse de manera rutinaria y que el COVID-19 no debe ser descartado tan solo con la observación de la sintomatología según explica Zaira.

Sin embargo, en el contexto de la pandemia es cada vez más recurrente que las mujeres embarazadas por temor a contagiarse en los hospitales o centros de salud mejor equipados opten por atenderse con trabajadores de la salud privados que no ofrecen el servicio de prueba diagnóstica de COVID-19, explicó.

Según datos del Ministerio de Salud de Guatemala, de enero a septiembre de 2021 se han registrado 388 muertes maternas y de ellas 119 causadas por la pandemia del COVID-19, según el recuento. Tan solo en Quetzaltenango se han registrado 17  por causa del virus este año.

Los datos de muertes maternas durante la pandemia aún no son claros. En una primera resolución el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS) aseguró que en el año 2020 sucedieron 443 muertes maternas, aunque en un segundo informe entregado a este equipo se bajó el número a 380 para el mismo año. Sin embargo, lo que sí puede percibirse con claridad, según las expertas, es que las mujeres siguen muriendo en Guatemala, y que el COVID-19 se convirtió en una causa principal de muerte materna.

Según Mirna Montenegro, directora del Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR),  una organización no gubernamental que monitorea temas de derechos sexuales y reproductivos en Guatemala, antes de la pandemia había un esfuerzo estatal, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil para reducir la razón de mortalidad materna. Un ejemplo de ello es que en 2019, se logró reducir el número de muertes maternas a 380 en contraste con el dato de 2018, que apunta a 443 muertes.

“En el contexto del COVID-19 lo que sucede es que lo poco a lo que tenían acceso las mujeres embarazadas se pierde y se pierde a causa de que se cierran los servicios. También las familias tienen miedo de ir al hospital por el tema del contagio. Tienes miedo del COVID, no tienen dinero para el transporte, no está garantizado que si vas al servicio te van a recibir, Entonces, ¿qué hace la gente? La mayoría de la población se queda en su casa y se atiende por comadrona o por médico privado”, explica Montenegro.

Telma Suchí, facilitadora técnica en Quetzaltenango del OSAR también considera que  ha habido un incremento significativo de muertes maternas no solo por que las mujeres han contraído el virus si no también por los cambios en el acceso a controles prenatales y servicios de salud en general hacen que otras causas como la hemorragia o los trastornos hipertensivos no sean tratados a tiempo. En 2019 se registraron  842 mil, 170 atenciones a embarazadas en el sistema de salud pública, y esa cifra se redujo a 722 mil, 619 en 2020.

En marzo de 2020, el presidente de Guatemala Alejandro Giammatei decretó un toque de queda, que entre otras cosas limitaba la movilización de ciudadanos de un municipio a otro. Algunos de los centros de salud se encuentran alejados y las mujeres tienen que viajar largas distancias. A ellos se suma el miedo al contagio y también la histórica discriminación a las mujeres indígenas.

Las más vulnerables

El censo oficial del 2019 estima que un 43,8% de la población es indígena y según un informe del Ministerio de Salud, el 45% de las muertes maternas registradas entre enero y noviembre de 2020 fueron mujeres mayas.

Tal es el caso de Eva, a quien llamamos así para proteger su identidad- una mujer de 30 años de la etnia maya Mam, en la Aldea de El Tizate en San Juan Ostuncalco, que murió en Agosto de 2021 por una hemorragia post parto. Rebeca Cortéz, auxiliar de enfermería El Tizate,  quien hizo la investigación del caso, relató que Eva fue atendida por una comadrona y que horas después de dar a luz comenzó con  hemorragia .

“Lo que falló ahí fue la toma de decisión de los familiares y que el hospital queda lejos. Los familiares se tardaron en decidir, luego lograron conseguir carro pero a medio camino se arrepintieron de ir al hospital porque tuvieron miedo por el COVID-19. Entonces ella falleció en su casa”, relató Cortéz.

Para Montenegro, la directora del OSAR, el poco acceso que tienen las mujeres indígenas a centros de salud cercanos a sus comunidades, así como la discriminación a la que son sometidas- pues en los servicios públicos no se habla su lengua, y existen múltiples denuncias de maltrato- hace que las muertes maternas sean sobre todo un indicador de ‘injusticia social’.

“Mueren en su mayoría las mujeres indígenas que no tienen acceso a servicios. La primera causa de muerte materna todavía en Guatemala es el tema de la hemorragia (32% según datos del Ministerio de Salud) y ahora tenemos estrategias de uso de Misoprostol para el postparto domiciliar. Una iniciativa que empujamos nosotras y que a partir del 2020 es una guía oficial del ministerio”, explicó Montenegro.

Por su parte, Lucrecia Hernández Mack, ex ministra de salud, y actual diputada en el Congreso por el partido Semilla añadió que vemos más muertes maternas en comunidades con poco acceso a infraestructura. “Donde hay ausencia de Estado es donde ocurren. Muchas de las muertes maternas se dan donde no hay carreteras”, dijo la diputada.

Causas estructurales: baja inversión en salud y sistema colapsado 

Según el observatorio de igualdad de género de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Guatemala se ubica en el noveno lugar de 31 países en donde se registra mayor mortalidad materna por cada cien mil nacidos vivos, según un registro de 2017. Se intentó conseguir los números para 2018, 2019, 2020 de este dato a través del Ministerio de salud pública y asistencia social de Guatemala (MSPAS), pero la institución adujo que se trataba de información “no factible de enviar ya que es información que se tiene que analizar y enviar”.

Guatemala cuenta con una ley “para reducir la mortalidad materna”, llamada ley de maternidad saludable que obliga al Estado a invertir y crear políticas públicas para promover la reducción de muertes maternas. El texto de la ley estipula que el Estado debe mantener estricta vigilancia epidemiológica  a través de comités departamentales y municipales, y obliga a la atención prioritaria de mujeres embarazadas y en edad reproductiva.

Además  en esta ley se reforma el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Distribución de Bebidas Alcohólicas Destiladas, Cervezas y otras Bebidas Fermentadas,  el cual queda así: “Artículo 25. Destino. De los recursos recaudados por la aplicación del presente Impuesto, se destinará un mínimo del quince por ciento (15%) para programas de salud sexual y reproductiva, planificación familiar y alcoholismo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Suchí, del OSAR, dice que esta ley “es papel mojado”, porque aunque sí existen los comités de vigilancia epidemiológica, los insumos y las políticas públicas no llegan a muchas mujeres, que ni siquiera tienen un centro de salud cercano al que acudir.

Montenegro del OSAR afirma que los comité de vigilancia epidemiológica sí han funcionado pero que el problema tiene que ver más con la inversión per cápita en salud. Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Guatemala ocupa el lugar 29 de 33 países, en cuanto a inversión en salud por habitante, aproximadamente US$470, uno de los más bajos de la región. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ubica a Guatemala en el sexto lugar de países con menor inversión per cápita en salud, por debajo de países como Haití, Venezuela y Nicaragua.

Asimismo, la ex ministra de salud Lucrecia Hernandez Mack explicó que la lógica por  norma tiene que haber un puesto de salud de primer nivel por cada  2500 habitantes, los que hay en Guatemala apenas cubren  6.5 millones de personas, que es la población que Guatemala tenía a mediados de los setentas. “Por eso decimos que tenemos un sistema público con un rezago de más de 40 años”, dijo Hernández

Comadronas en Guatemala: Lideresas en su comunidad 

Al pie del Volcán Santa María en Quetzaltenango hay un pequeño poblado que Aura Leiva, maya K’iche, recorre semanalmente para visitar a las familias que requieren de sus servicios como comadrona. En su visita de hoy se encuentra con Naime López, de 19 años, embarazada de 7 meses.

“Las comadronas tienen como otro tipo de guías, me da confianza. Yo voy donde una doctora que me revisa pero Aura tiene otras formas de hacerme sentir mejor” dice Naime, quien es mamá primeriza.

Aura es joven y dinámica, masajea el cuerpo de Naime con suavidad, untándole una crema. Sus manos se mueven rápido por la espalda y vientre de la joven. Al finalizar Naime la abraza, y le cuenta que ha pasado con dolor todo el día. El masaje de Aura fue su alivio.

“Como es mamá primeriza pues yo no atenderé el parto, pero cada vez que ella me requiera yo vengo para apoyarle, darle masaje y responderle todas sus consultas”, explica Aura.

Guatemala es de los pocos países de la región que cuenta con una política nacional de comadronas. Según este documento,  las comadronas son el referente de las mujeres en edad fértil dentro de las comunidades. “Las mujeres confían, le piden consejo y atención de salud para ellas y para la o el recién nacido”, indica la política.

“Nosotras estamos con ellas desde que la mujer empieza a menstruar, ayudamos a las niñas, ayudamos a las mujeres, y ayudamos a las diferentes familias con problema sexuales, problemas psicológicos”, añade Berta Juárez, presidenta de la asociación de comadronas Nim Alaxic de San Juan Ostuncalco, municipio de Quetzaltenango.

La política nacional de comadronas apunta a que al menos el 32% de los partos ocurridos en Guatemala son atendidos por comadronas. Desde 2015, que se oficializó la política, el Estado debe garantizar un trabajo conjunto entre las comadronas y el Ministerio de Salud, algo que no existía antes por el estigma que se tenía hacia las comadronas, que en su mayoría pertenecen a los pueblos originarios.

Las abuelas comadronas- como las llaman en las comunidades- reciben capacitaciones sobre temas relacionados a la atención en salud sexual y reproductiva, y a su vez el Estado espera de ellas que guíen a las mujeres hacia los centros de salud, tanto para los controles prenatales como para las eventualidades de riesgo, así como para los partos, especialmente los de las primerizas.

Sin embargo, muchas mujeres indígenas deciden no acudir a los centros de salud, por miedo a ser discriminadas, o simplemente por que se sienten más acuerpadas con las comadronas.

“Ellas sienten esa ayuda que nosotros les motivamos. A las mujeres no les gusta el maltrato en los hospitales.  La diferencia de un parto en casa con comadrona, por ejemplo, es que la mujer va a estar con su traje, va estar con la familia, le van a dar té. En el hospital entra solita, le quitan su traje y ella no puede ver a su familia y muchas veces no hablan su idioma”, explicó Juarez.

En el contexto del COVID-19, más allá de la poca cobertura que tienen los centros de salud, uno de los impedimentos más grandes fue el toque de queda y las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno de Alejandro Giammatei en marzo de 2020. Según Susana Pérez, comadrona de la asociación Nim Alaxic, para ella fue particularmente difícil acceder a tiempo a las comunidades cuando era solicitada por las mujeres.

“Sí nos afectó bastante el toque de queda, fue un problema muy difícil, diferentes comunidades también diferentes reglas y eso retrasaba. Y hay mujeres que son muy rápidas”, explicó Pérez.

Otro de los escenarios que planteó  la pandemia fue que las mujeres tienen miedo a contagiarse. Las redes de desinformación- y lo que sus vecinas y amigas les cuentan- crean alarmas sobre las posibilidades de morir si van a los hospitales.

Marta Marín, de 27 años, también se atiende con Aura, y aunque tendrá su parto en un hospital por que es primeriza, ni siquiera se ha vacunado y no ha asistido a consultas.

Aura, de una manera muy cariñosa, la impulsa a hacerlo pero Marta refiere que le daba miedo enfermarse y por eso no iba. Sobre la vacuna dice que lo pensará.

Según datos del Ministerio de Salud, apenas unas 22 mil embarazadas se han puesto la vacuna del COVID-19. Tanto Juárez de la Asociación de Comadronas y Telma Suchí, facilitadora técnica en Quetzaltenango del OSAR explican que la campaña de vacunación ha sido lenta, y que en algunos casos, tienen reglas demasiado estrictas que dificultan la implementación.

“Si necesitan 12 personas para abrir el lote y llegaron 10 embarazadas entonces no lo abren porque tienen que cumplir con el requisito de las 12. Eso hace que las embarazadas se enojen y no vuelvan más” manifestó Suchí.

Tanto las comadronas como las especialistas entrevistadas para este reportaje aseguran que el papel que las abuelas comadronas realizan en la prevención de muertes maternas es fundamental. En la mayoría de los casos, son ellas quienes primero detectan alguna situación de riesgo, y también son las que impulsan a las mujeres a tener confianza en el sistema de salud. Sin embargo, la responsabilidad final recae sobre las mujeres y sus familias, quienes son los que deciden si presentarse o no a los puestos de salud.

A esto se suma el problema estructural de la poca cantidad de centros que existen. Según Lucrecia Hernández Mack, ex ministra de salud y especialista en salud pública, el modelo incluyente con comadronas, tiene además de pertinencia cultural, una razón importante de ser y es que el Estado no tiene la capacidad de atender a todas las mujeres. “Si la mujer se quiere atender con la abuela comadrona, el Estado debe tener con ella la mejor comunicación posible para que se pueda identificar signos, señales de peligro. Debe crear una relación horizontal y no de subordinado”, explica Hernández.

Según Juárez, a las comadronas se les estigmatiza y señala como culpables cuando se da una muerte materna o cuando simplemente una mujer decide no ir a los centros de salud.. “Si algo le pasa a la mujer, el ministerio siempre le echa la culpa a la comadrona, dicen que ellas manipulan a las mujeres, pero la realidad es que las mujeres no quieren ir a los hospitales, no quieren ir al puesto de salud”,explicó la presidenta de Nim Alaxic.

“Los médicos fallan y no les dicen nada pero falla una comadrona hay doble rasero”, añadió Juárez.

Para mujeres como Naime y Marta, el consejo de su comadrona ha significado mucho. Naime ya se ha puesto la vacuna, y espera con ansias la llegada de su bebé. Por su parte Marta lo sigue pensando pero asegura que se está cuidando mucho del COVID-19 para no contagiarse.

Naime cuenta que ha escuchado de historias de mujeres, como Ana y Eva, que mueren embarazadas o después del parto, y teme. Por eso se puso la vacuna e intenta mantenerse muy alerta a los síntomas. Las palabras de Aura la calman. “Ya verás que todo saldrá bien”, le dice a la joven.

“En Dios confiamos”, le dice Naime.

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*Este texto fue editado por Jennifer Avila y producido con el apoyo de la beca «¡Exprésate!» de International Women in Media Foundation (IWMF).