Si existe un factor común de la evolución de las casas refugios en Honduras a lo largo de los 26 años que tienen de existir, ha sido la falta de apoyo gubernamental y voluntad política de todos los gobiernos que han pasado por el poder dejando promesas incumplidas

Tegucigalpa, Honduras. Hace 26 años surgió en Honduras la primera casa refugio en Tegucigalpa gracias a la iniciativa

de tres mujeres que identificaron los niveles de desigualdad de género y la violencia que viven las hondureñas: la actual directora de la fundación Calidad de Vida, Ana Cruz, Leyda Flores y la estadounidense Viodelda Ho-Shing.

Las defensoras hicieron alianzas en su momento con distintas organizaciones feministas y cooperación internacional para sostener los refugios que acompañan y brindan apoyo a mujeres, niñez, defensoras de derechos humanos, personas LGTBIQ+, sobrevivientes de las distintas violencias, explotación sexual, maltrato familiar, trata y migrantes desplazadas de forma forzada.

Pero, si existe un factor común de la evolución de los refugios en Honduras a lo largo de los 26 años que tienen de existir, ha sido la falta de apoyo gubernamental y voluntad política de todos los gobiernos que han pasado por el poder dejando promesas incumplidas.

Mirta y Gloria son dos mujeres hondureñas que, gracias a su valentía, encontraron en las casas refugio una salida a lo que probablemente se hubiese sumado a las estadísticas de feminicidios impunes en Honduras. Ambas tienen una historia de vida similar y permiten palpar los altos índices de violencia que sufren las mujeres y la niñez en el país.

Caso de Mirta 

Si Mirta no hubiese tenido la valentía de huir, hoy no estaría con vida para contar su historia. ¿Qué habría pasado si no llega a una casa refugio a tiempo? «Pude haberme matado, pude haber matado a mis hijos. La verdad, las mujeres no debemos aguantar esas cosas (abusos y violencias), las mujeres estamos capacitadas para salir adelante por nosotras mismas».

Mirta es una madre ceibeña de 47 años que identificó a tiempo que junto con sus tres hijos fue el blanco de abusos físicos y psicológicos por parte de quien entonces era su pareja sentimental y padre de sus hijos.

«Él era alcohólico, falleció en un accidente vial bajo los efectos del alcohol. Cuando estaba sobrio, parecía una buena persona. Cuando llegaba ebrio a la casa, se volvía totalmente diferente, era muy violento. En muchas ocasiones tuve que salir por la ventana junto a mis hijos, huyendo de él y nos tocaba pasar la noche en un monte, comiendo plátanos», relató Mirta al recordar ese duro momento de su vida.

Al comprender que vivía con un hombre violento y que la vida de ella y sus descendientes estaba en riesgo, lo denunció ante la fiscalía, pese al miedo que tenía por la posible reacción que él tendría al enterarse.

Decidió huir en busca de una salida. Afortunadamente, le comentó la situación a una persona con la esperanza de encontrarla. Y así fue. La puso en contacto con las encargadas de una casa refugio, donde le brindaron ayuda jurídica, psicológica y la impulsaron a desarrollarse como emprendedora.

Las casas refugio brindan diversos servicios personalizados para cada una de las mujeres. Desde que llegan, lo primero es el espacio físico, alimentación y vestimenta. Estas casas cuentan con servicios de psicología, asesoría legal y salud. Si llegan con sus hijos, estos reciben reforzamientos escolares mientras viven el proceso, las mujeres también reciben formación en distintas áreas para que cuando realicen su egreso puedan salir seguras, independientes y con seguimiento de su caso, especialmente en el área psicológica.

En la actualidad, Mirta tiene otra perspectiva, comprobó que existe «vida» después de denunciar; sin embargo, señala que muchas mujeres no deciden recurrir a las autoridades ante situaciones de agresión, violencia y abusos por «miedo y falta de información concreta» sobre qué hacer en estos casos.

Realidad de las casas refugio                                               

En el país hay 10 casas refugio, cinco a cargo de la sociedad civil y otras cinco, en teoría, a cargo de las alcaldías. De estas, tres están en Tegucigalpa, mientras que San Pedro Sula, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Juticalpa, Puerto Cortés, Intibucá y La Ceiba cuentan con una en cada ciudad.

En la actualidad, las casas refugio a cargo de las municipalidades están cerradas. Con excepción de la casa refugio de La Ceiba, que más adelante detalla esta investigación.

Según la Asociación Calidad de Vida, la única casa refugio, ubicada en San Pedro Sula, está cerrada debido a problemas administrativos del actual alcalde, Roberto Contreras. Lo mismo sucede con las alcaldías de Juticalpa y Puerto Cortés y, debido a esta situación, las mujeres deben ser trasladadas a Tegucigalpa.

Según datos obtenidos a través del acceso a la información pública, desde el 2017 hasta la fecha, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) remitió a casa refugio a 14 mujeres y tres menores de edad por motivos de violencia intrafamiliar. Por su parte, la Secretaría de Seguridad remitió 24 mujeres a casas refugio desde distintos municipios del país. Una muestra de que las casas refugio sirven de auxilio para instituciones del Estado, aunque estas no sean apoyadas por el mismo.

«Hay una casa que está cerrada porque se le arruinó la cisterna y no tienen recursos para arreglarla. Creemos que al aprobar la ley habría recursos para solucionar esas cosas pequeñas. Otra casa está cerrada porque no se han firmado convenios y entre tanto las mujeres siguen muriendo», se lamenta la directora de ACV, Ana Cruz.

Caso de Gloria 

La historia de Gloria representa la realidad de muchas mujeres hondureñas. Junto con sus tres hijos sobrevivió a los abusos psicológicos de su entonces esposo. Gloria se dedicaba a vender productos de belleza en las calles de Tegucigalpa y Comayagüela con el fin de obtener ingresos propios y aportar a la economía de su casa; sin embargo, volver a esta se convertía en una «tortura».

La Organización de las Naciones Unidas señala que el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) registra que en Honduras la mayoría de la población no cuenta con una fuente de empleo permanente y más del 73% de los hogares viven en pobreza.

«Yo a veces salía a dejar y cobrar producto, pero, cuando regresaba, él me esperaba, cuestionando lo que salía a hacer e insinuaba que yo le era infiel. No podía salir tranquila. Él decía que eran los celos lo que lo mataban, eso me dañaba bastante», relata Gloria.

Según el Instituto Nacional de las Mujeres de México, la violencia económica es una forma de control en contra de las mujeres; se muestra a través de la agresión producida por la persona que ostenta el dominio económico, la manipulación para gestionar los gastos o la privación de recursos, lo que induce al aislamiento y la angustia por la satisfacción de las necesidades personales y/o familiares.

Producto del maltrato que recibían, la hija mayor de Gloria tuvo que huir de la casa para buscar desde afuera una solución del problema. Afortunadamente, halló una casa refugio. Esto llevó a su madre a tomar la decisión que salvaría su vida a tiempo: denunciar al agresor.

«Psicológicamente, me dañó bastante, a mis hijas también, mi hija mayor tuvo que irse por lo mismo. Ella volvió con una amiga y me hicieron llegar hasta acá (casa refugio). Cuando hablé con la abogada, ella me orientó y me acompañó a denunciarlo sin temor», cuenta Gloria.

La pobreza puede aumentar la violencia. Determinados grupos, incluidas las mujeres y niñas que viven en la pobreza, se enfrentan a múltiples formas de discriminación y, como resultado, también sufren un mayor riesgo de violencia, informa ONU Mujeres.

Apoyo integral en casas refugio 

Gracias al apoyo psicológico y jurídico que recibió en la Asociación Calidad de Vida, el exesposo de Gloria fue procesado ante las autoridades y recibió una orden de alejamiento en su contra. Mientras tanto, Gloria logró emprender su propio negocio y alcanzar estabilidad económica para ella y sus hijos.

«Gracias a Dios, aquí encontré ayuda psicológica, me brindaron un gran soporte. Yo antes pasaba en la casa, dependía de él (su exesposo), aunque yo buscaba la manera de buscar una fuente de ingresos vendiendo productos de belleza. Ella (la psicóloga) me orientó. Aquí me dieron ayuda económica y logré emprender, ahora me siento empoderada», dice Gloria con tono de voz alentador.

Espacios como el que estas dos mujeres encontraron en dos casas refugio forman parte de las únicas cinco que funcionan en Honduras, donde cada año atienden alrededor de 400 mujeres con sus hijos, víctimas de la violencia en distintas formas.

Casa Ixchel

La Casa Refugio Ixchel, en la ciudad de La Ceiba, se mantiene abierta y en funcionamiento gracias al trabajo de la corporación municipal y la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer (Udimuf), organización conformada por un grupo de mujeres feministas que trabajan en pro de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, niños y adolescentes en Atlántida bajo la dirección de la abogada Vanessa Siliezar.

La alcaldía de La Ceiba se encarga del pago de las planillas de los empleados, mientras que Udimuf aporta a cada una de las necesidades que permitan su correcto funcionamiento, así como de realizar proyectos con la cooperación internacional para obtener dinero que permita continuar apoyando a quienes necesiten del recinto.

«Me satisface mucho que nosotras ya estamos trabajando con ONU Mujeres y esto nos permite tocar su puerta para obtener fondos para nuestro refugio», expresa Vanessa Siliezar.

Cada año, la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer realiza programas de atención integral a la mujer y de sensibilización, educación y organización. El trabajo con mujeres está orientado a acciones de prevención de la violencia doméstica y violencia sexual, así como acciones de incidencia con el gobierno local, constituyendo las alianzas y coordinaciones con otras organizaciones e instituciones que trabajan con la temática, una de las estrategias claves para la consecución de nuestros objetivos.

Ley de Casas Refugio

Las asociaciones feministas de Honduras llevan casi cinco años esperando la aprobación del dictamen de la Ley de Casas Refugio. La última fue introducida en 2016 al Congreso Nacional. El último dictamen, Ley de Casas Refugio, Albergues y Casas de Acogida para Mujeres Sobrevivientes de las Violencias en Honduras, ingresó al Poder Legislativo el 22 de febrero de 2022 y fue entregado a la Comisión de Equidad de Género el 4 de marzo.

El dictamen de ley fue elaborado por diversas organizaciones feministas; sin embargo, no llegó a aprobarse porque se añadió a otra Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, que no ha sido presentada ante el Congreso Nacional.

La ley pretende que dichas casas tengan el financiamiento estatal obligatorio y, si bien estas necesitan entre tres y cuatro millones de lempiras al año para dar la respuesta idónea, el proyecto estipula solo 10 millones de lempiras en su totalidad, es decir, apenas un millón por casa. Hasta el momento, las casas existentes sobreviven solo con el apoyo de la cooperación internacional.

Lo anterior, a pesar de que, a raíz de la pandemia, la violencia se incrementó 15% en relación con el año anterior, teniendo el gobierno pasado que aprobar un decreto de emergencia contra la violencia de género.

Cuando se le consultó a la presidenta de la Comisión de Equidad de Género por qué la Ley de Casas Refugio todavía no ha sido aprobada, la diputada Scherly Arriaga se limitó a responder: «Porque lo contempla la Ley Integral de Erradicación de Violencia y todavía no ha llegado al Congreso Nacional porque continúa en proceso de socialización”.

Según la directora de la Asociación Calidad de Vida, Ana Cruz, «había un dictamen que se volvió a meter en este Gobierno y allí se quedó. No ha pasado a la Comisión de Género. Mientras, hemos hecho campañas de concienciación para que las diputadas aprueben la ley. Las muertes de mujeres ya son una emergencia y no debemos ser cómplices. Cada vez que matan a una mujer, el Congreso Nacional es cómplice».

La lucha de las asociaciones lleva casi tres décadas sin ser escuchada.

Exigen aprobar Ley de Casas Refugio 

Con una marcha histórica, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, organizaciones feministas y de derechos humanos, en el inicio de la campaña 16 días de activismo, con el lema ¿La Ley de Casas Refugio para cuándo?, se hicieron sentir por las calles de Tegucigalpa a través de una movilización donde participaron más de 500 hondureñas que pidieron un cese de los feminicidios y todo tipo de violencia contra la mujer, pero, sobre todo, exigiendo la aprobación inmediata de la Ley de Casas Refugio en Honduras.

«Esta es una movilización histórica para demandar la aprobación inmediata de la Ley de Casas Refugio. Es una necesidad frente a esta ola de violencia que vivimos las mujeres. Necesitamos que los tomadores de decisiones piensen que salvaguardar la vida de las mujeres debería ser su prioridad», señala la coordinadora del Movimiento por la Paz Visitación Padilla, Merly Eguigure.

En San Pedro Sula, ese día no fue la excepción. Las mujeres salieron a las calles para pedir justicia por todos los casos que han quedado en la impunidad, como los que han trascendido las fronteras hondureñas, entre ellos, el de Rixy Mabel, la ambientalista Berta Cáceres, Jeannette Kawas, Margarita Murillo, y muchas otras, cuyas muertes siguen en la impunidad.

La Ley de Casas Refugio… ¿para cuándo?

A medida que las mujeres hondureñas continúan sumándose a las estadísticas de la violencia a causa de las desigualdades sociales, la deuda histórica del Estado de Honduras se extiende al actual Gobierno, pues Xiomara Castro, primera mujer presidenta en la historia del país, aseguró en su discurso de toma de posesión que generaría condiciones para un país libre de violencia contra las niñas y mujeres.

«Ya no más violencia contra las mujeres. Voy con todas mis fuerzas para cerrar la brecha y generar las condiciones para que nuestras niñas puedan desarrollarse plenamente en un país libre de violencia. Mujeres hondureñas, no les voy a fallar, voy a defender sus derechos, todos sus derechos, cuenten conmigo».

Pese a las afirmaciones de la mandataria, los índices de violencia no representan ningún cambio significativo en comparación con el año anterior, bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández. Para el caso, según registros del Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación de la Violencia de la Organización Cattrachas, 277 mujeres murieron de manera violenta. Esta cifra contabiliza solamente los cadáveres ingresados a Medicina Forense.

Solo hasta agosto, la Asociación Calidad de Vida atendió a 120 mujeres víctimas de las distintas violencias, procedentes de varios departamentos de Honduras y de otros países.

Las estadísticas

De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la mayoría de mujeres que perdieron la vida de forma violenta en el país eran oriundas del departamento de Cortés, que registra el mayor número de femicidios a nivel nacional, seguido por los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Atlántida.

La Organización de las Naciones Unidas registra que, en 2021, Honduras presentó la tasa más alta de femicidios en América Latina, siendo el hogar el lugar mortal para las mujeres. Estos crímenes fueron cometidos en su mayoría con arma de fuego por un hombre en su condición de pareja y el 95% de los casos, se encuentran en la impunidad.

Mantener estadísticas con información de calidad es imprescindible en Honduras, pues estas deben ir más allá de contar a las víctimas. Según las Naciones Unidas, la información debe servir para el diseño de políticas públicas integrales; sin embargo, las principales instituciones encargadas de proteger a las mujeres y niñas brindan estadísticas limitadas y no cuentan con enfoque de género.

Tal es el caso de la Fiscalía, que registra en sus bases de datos en masculino y, para esta entidad, las mujeres son inexistentes. Por otra parte, se encuentra el caso de la Dirección Nacional de la Niñez, en cuyas bases de datos solo registran violencia física y psicológica, no maltrato familiar.