En El Salvador, de 2002 a 2014, 147 mujeres han sido procesadas por aborto u homicidio agravado por muerte del feto[1]. Evelyn Hernández es una de ellas. En común, comparten varias características: en su mayoría tenían menos de 25 años cuando fueron procesadas, un bajo nivel de escolaridad, eran solteras, vivían (y viven) en condiciones de pobreza y sin un ingreso económico fijo. A este perfil, se suma que quienes sabían de su embarazo, tuvieron poco acceso a servicios de salud. Para las que desconocían su estado y para quienes quedaron embarazadas producto de violencia sexual, la situación tampoco fue mejor: sus defensoras o defensores públicos hicieron lo mínimo posible por comprobar su inocencia. Algunos incluso les aconsejaron  que se declararan culpables de homicidio agravado cuando ellas sostenían que tuvieron un parto extrahospitalario, o culpables del delito de aborto cuando ellas dijeron haber tenido una pérdida espontánea.

En la última década, en El Salvador, la Fiscalía ha perseguido con uñas y dientes a un grupo de mujeres jóvenes, conocidas como Las 17 y más, quienes aseguran haber experimentado partos extrahospitalarios y emergencias obstétricas. Ellas terminaron acusadas de homicidio agravado y condenadas a penas de 30 a 40 años de cárcel. Algunas de estas historias fueron recogidas recientemente en la investigación “Mamás asesinas. Un cuento del Estado”.

A Las 17 y más  nunca se les respetó su derecho constitucional a la presunción de inocencia. Y las oportunidades de tener acceso a un debido proceso nunca vinieron del Estado ni representaron una preocupación para las autoridades. En el 2006, un reportaje del New York Times reveló el caso de Karina Clímaco, condenada a 30 años por homicidio agravado, luego de experimentar un parto extrahospitalario que provocó la muerte de su hijo. Al ser un embarazo de término, la acusación en su contra cambió de aborto a homicidio agravado. Esta publicación hizo que un grupo de personas buscara ayuda legal para conseguir que Karina recuperara su libertad. Tres años después lograron que se revisara la sentencia y que ella saliera de la cárcel.

El caso de Karina fue el primero que se conoció. En los tres años que llevó conseguir su libertad, ese grupo de personas identificó a 17 mujeres más, todas condenadas por homicidio agravado después de 1998 cuando entró en vigencia la penalización absoluta del aborto. Karina puso el nombre de El Salvador en el mapa de los países que irrespeta derechos fundamentales y los derechos sexuales – reproductivos de las mujeres. Más tarde, los casos de Cristina, Beatriz, Manuela, María Teresa, Teodora, Imelda y ahora, el de Evelyn nos siguen ubicando ante la mirada atónita del mundo.

Al igual que a estas mujeres, cuando Evelyn buscó asistencia médica en el hospital, la denunciaron por sospechas de haber cometido un crimen en contra del producto de su embarazo. Para los procesos judiciales, a cada una la Fiscalía las acusó de cometer homicidio agravado porque los embarazos eran de término. Evelyn siempre ha dicho que desconocía que estaba embarazada. A otras que como ella afirmaron lo mismo, nadie les creyó. Afirmarlo las hizo parecer, a ojos de la Fiscalía General de la República y de los jueces y juezas que las condenaron, que ocultaron su estado con el ánimo de cometer un delito. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la opinión de Fiscalía y jueces toda mujer, por el hecho de ser mujer, naturalmente sabe si está embarazada o no. Esto aunque los síntomas no son iguales para todas ni los cambios en su cuerpo.

El Dr. Guillermo Ortiz, perinatólogo y especialista en embarazos y partos de alto riesgo, asegura que todos los embarazos son diferentes. Ninguno se parece. Incluso una misma mujer no experimentará los mismos síntomas en sus distintos embarazos. Y como los síntomas tienen su origen a nivel cerebral, algunas bloquean el dolor, incluso pueden bloquear los síntomas debido a un trauma. Para él, se culpa a la mujer porque es más sencillo hacer eso que investigar.

Algunas de las mujeres, como Maira, Alba e Imelda, dijeron que sus embarazos fueron producto de violencia sexual, y tampoco les creyeron. Para las autoridades son mentiras que se inventaron “para evadir su responsabilidad”. Eso mismo afirmó una de las fiscales que acusó a Evelyn el 16 de agosto en su alegato final. Aunque en el expediente no consta, la joven asegura que fue violada y amenazada por un pandillero. Que los pandilleros violen jovencitas tampoco es un secreto. Distintas noticias, reportajes e investigaciones los retratan. ¿Sin opciones? muertes maternas por suicidio, del UNFPA, nos cuenta más de una historia asociada a la violencia pandilleril. Ese tipo de traumas, por ejemplo, puede causar el trastorno de la negación del embarazo.

Hace casi un año, entrevisté a la psicóloga Dina Semsch, quien me explicó que existe un único denominador común cuando existe un embarazo negado: la persona ve ese embarazo como algo inaudito. Y suprime todos los síntomas. Incluso después de enterarse de que está embarazada, una mujer puede padecer de este trastorno psicológico. Semsch y Ortiz coinciden en que este trastorno está relacionado con un evento traumático: una violación, un embarazo no deseado, problemas económicos o que la pareja no quiera asumir su responsabilidad.

Que los síntomas tengan su origen a nivel cerebral, puede hacerlas menstruar, por ejemplo. Los episodios de sangramiento durante el embarazo pueden deberse, también, a infecciones o pequeñas contracciones. Sin embargo, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría General de la República cuando tuvo que representarlas, ni los jueces que las condenaron les creyeron. Solo ese grupo de personas que desde el 2009 fundó la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Esta oenegé, en una realidad paralela, ha creído en la inocencia de Karina, Cristina, Teodora, Mariana, Maira, María Teresa, Manuela, Delmi, Elsi, Katherine, Imelda, Evelyn y otras mujeres. Y sigue creyendo que nunca debieron ser procesadas.

A varias de las mujeres de Las 17 y más les han repetido la audiencia de sentencia. Cristina Quintanilla, en el 2005, fue acusada de homicidio agravado, pero obtuvo la absolución. Sin embargo, la FGR no estuvo de acuerdo y apeló la resolución. En el nuevo juicio, Cristina fue condenada a 30 años. Cuando la condenaron, Evelyn e Imelda eran unas niñas de siete años. Once años después, Evelyn también sería perseguida por la Fiscalía y condenada a 30 años. Y justo un año después de la persecución contra Evelyn, iniciaría una contra Imelda.

Cristina recibió la conmutación de la pena en el 2009. Para la Sala de lo Penal, la sentencia impuesta había sido “excesiva y desproporcionada”. Y como la historia de todas estas mujeres está entretejida por un mismo hilo, el mismo juzgado que envió a Cristina a la cárcel, condenó a Teodora a la misma cantidad de años: 30. Y Teodora también recibió la conmutación de la pena en el 2017, nueve meses después de que Evelyn fuera detenida en un hospital nacional.

La Fiscalía también “logró” que Evelyn fuera condenada a 30 años de cárcel. Y una Cámara de lo Penal, a solicitud del equipo jurídico que la defiende, anuló la resolución porque no estaba apegada a derecho. En el expediente consta que el hijo de Evelyn murió por aspirar sus primeras heces (asfixia por meconio). De todas formas, la Fiscalía insistió en acusarla de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión. Evelyn debía proteger la vida de su hijo y no evitó su muerte.

En la repetición de la audiencia de sentencia, una policía aceptó nuevamente que manipuló la escena del delito al lavar el cuerpo del hijo de Evelyn; también el perito forense, explicó que la aspiración de meconio solo se da al interior del vientre; y dos testigos relataron nuevamente que Evelyn salió desmayada de su casa y llegó desmayada al hospital. Sin embargo, en su alegato final, una de las fiscales pidió una sentencia ejemplar: 40 años, la misma pena que pidió para María Teresa en el 2012. María Teresa, después de la revisión de sentencia, recuperó su libertad en mayo de 2016, pero tuvo que pedir asilo en Suecia, luego de que la Fiscalía presentara un nuevo recurso en su contra un mes después.

A Evelyn le anularon la condena porque la Fiscalía no ha logrado comprobar que cometiera un delito, como señaló la Cámara Primera de lo Penal el 20 de diciembre de 2018. El artículo 7 del Código Procesal Penal de El Salvador establece que ante una duda debe favorecerse al imputado. La duda, como ya lo explicamos en el episodio 6 de Temporada de Leonas, significa que no se logró destruir la presunción de inocencia de Evelyn.

Pese a todos los intentos de la Fiscalía, Evelyn Hernández recuperó su libertad el 19 de agosto pasado. El juez de sentencia de Cojutepeque, José Virgilio Jurado Martínez, evocando el principio de legalidad, aseguró que las fiscales no demostraron que ella cometió un delito. Y como él no tenía la certeza de que Evelyn incumpliera con el deber legal de proteger a su hijo no podía condenarla. “Por el delito de homicidio agravado por comisión por acción usted es absuelta”.

La decisión del juez, apegada a derecho, es un hito legal. Sin embargo, la Fiscalía no la acepta. La Fiscalía insiste, con base en meras especulaciones, en que ella debe de pasar tras las rejas la mayor parte de su vida. Insiste en truncarle su proyecto de vida: estudiar leyes y ser defensora de derechos humanos. A los 33 meses de cárcel que Evelyn ya cumplió, quiere sumarle 37 años y tres meses.

Jurado figura, desde el 19 de agosto, en la lista de los jueces que reconocieron la inocencia de Evelyn, Imelda, Elsi, Katherine y Maricela, y detuvieron la persecución contra ellas. Él, al igual que esos otros jueces, ha evitado que más mujeres sean criminalizadas por partos extrahospitalarios que derivaron en emergencias obstétricas. Sin embargo, 16 aún están presas, condenadas por las mismas razones. Y a ellas se sumarán otras mientras el proceder de la Fiscalía siga sin respetar los derechos fundamentales de estas mujeres. Es la historia de un país, paradójicamente llamado El Salvador, donde es normal que se irrespeten los derechos sexuales y reproductivos.

Ante la insistencia  de la Fiscalía de una pena desproporcionada, y de apelar a la resolución que absolvió a Evelyn, cabe preguntarse: ¿Cuál es la intención de que estas mujeres pasen 30 o 40 años presas? ¿Por qué no resuelven con la misma diligencia los casos de feminicidios? ¿Y los de violencia sexual? Las mismas preguntan aplican para los jueces y juezas que sí condenaron a Las 17 y más.

ESTE TRABAJO FUE REALIZADO CON EL APOYO DE LA INTERNATIONAL WOMEN´S MEDIA FOUNDATION, IWMF.

[1]  Agrupación Ciudadana (2015). “Del hospital a la cárcel. Consecuencias para las mujeres por la penalización sin excepciones, de la interrupción voluntaria del embarazo en El Salvador”.