María, como pide que se le identifique para ocultar su verdadero nombre, enviudó en 2010 y, desde entonces, asumió la responsabilidad de su hogar. “Al principio me costó porque quién llevaba la economía era mi esposo. Él llevaba el presupuesto y las cuentas. Como yoestaba trabajando todo el día me despreocupé de eso. Y me costó tener que ver qué tenía que comprar y que no”, asegura.

María es docente de profesión, tiene cuatro hijos: uno de ellos aún no era independiente tras la pérdida de su padre. Durante el duelo por su viudez, ella tuvo que afrontar el despido de uno de sus dos trabajos. Sin embargo, a María la condujo un factor externo a tomar el liderazgo de su hogar. Pero, existen casos como el de Yolanda Morales, una mujer de 55 años, que un embarazo a los 17 años y la falta de apoyo del progenitor de su hijo, la coaccionaron a estar al frente. Pese al apoyo de sus padres detuvo sus estudios e inició su vida laboral en el sector informal.

“Comencé a trabajar en comedores. Y no me da pena; también estuve en los servicios públicos de un mercado”, dice. Siete años después se casó, pero los gastos de su primer hijo continuaron únicamente bajo su responsabilidad.  Por años, las mujeres han luchado por lograr su independencia, tanto social como económica, sin embargo, en países como El Salvador esto no representa una victoria, ya que muchas asumen jefaturas de hogar de manera forzada. Según la economista Tatiana Marroquín, comportamientos sociales como los vividos por Yolanda se pueden denominar como “opresión económica”, ya que este tipo de acciones tienen una afectación en la vida de las mujeres, ya que proviene de lo cultural porque se entiende que ellas son las responsables directas de la sobrevivencia de la familia.

“En el tema específico de ser jefa de hogar es agregarle, a parte de la estructura social, también se la está dando la de la manutención de la vivienda”, agregó.

Según la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de la Dirección General de Estadística y Censos de El Salvador (Digestyc), en 2010, se contabilizan 553,682 mujeres como jefas lo cual corresponde al 35 % del total de jefes de hogar en el país. Mientras que, en 2020, 701,322 mujeres ingresaron a dicha categoría. Es decir, en los últimos 10 años, 147,640 mujeres adquirieron la responsabilidad de llevar las riendas de su casa y se convirtieron 37.5 % de las jefaturas.

“En el tema específico de ser jefa de hogar es agregarle, a parte de la estructura social, también se la está dando la de la manutención de la vivienda”. Tatiana Marroquín,  economista

Registrar el número de jefas de hogar debería de ser una estadística más, explica el economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda; quien también sostiene que, en El Salvador, las mujeres que lideran un hogar están bajo condiciones que, en su mayoría, se les recarga con una doble jornada laboral y sacrifican su propio bienestar por el resto de miembros de sus hogares.

Por su parte, la economista Julia Evelyn Martínez, explica que una mujer recibe la denominación de “jefa de hogar” no solo por
el aspecto económico; también se rige por lo cultural. Sin embargo, en sociedades en donde predominan conductas patriarcales, la jefatura de un hogar está determinada por el sexo, la edad y el respeto de los demás miembros de la familia.

En este sentido, en El Salvador, una mujer puede ser la principal proveedora de ingresos económicos, pero no quiere decir que tendrá la jefatura del hogar, ya que este rol se le da a hombres, adultos, que son reconocidos por la familia como responsables de mantener el orden y el respeto en la unidad familiar, expone Martínez.

Sin embargo, Marroquín considera que esta es una acción que debe cambiar. Para ella, este tema debe salir a discusión ante la sociedad, puesto que no tiene que recaer en las nuevas generaciones de mujeres.

Tal es el caso de Regina Martínez, una mujer de 40 años, que cuenta que sus padres han seguido este patrón cultural, pero ella no quiso continuar en este mismo camino. Ella describe a su padre como “machista ” y su madre lo normaliza porque su abuelo era así. “Le dije a mi papá: yo siempre le pedí a Dios no encontrarme un hombre como vos ni como mi abuelo. Para mí es una falta de respeto no solo como la trataba e incluso con nosotros ”, cuenta Regina, quien vive con su esposo y su hijo de siete años. Ella describe la convivencia de su hogar como “aquí está el dinero y es de los dos”.

Además del aspecto cultural, las mujeres salvadoreñas se enfrentan a un mercado laboral complejo y con brecha salarial incluida. Castaneda explica que en el país, dos personas pueden realizar una misma actividad laboral, pero una mujer por el hecho de su género recibe menos ingresos. Tomando como base el salario mínimo, durante los últimos 10 años la brecha salarial ha oscilado entre los $64.20 (en 2020) y los $28.52 (en 2010),según datos de Digestyc.

Es oportuno mencionar que, en el Código de Trabajo, el artículo 123 estipula el principio de igualdad y no discriminación salarial. “Los trabajadores que en una misma empresa o establecimiento y que en idénticas circunstancias desarrollen una labor igual, devengarán igual remuneración cualquiera que sea su sexo, edad, raza, color, nacionalidad, opinión política o creencia religiosa”, reza dicho artículo. De igual forma, el numeral 124 manifiesta que el incumplimiento de lo anterior, las personas afectadas están en su derecho de presentar una demanda por nivelación de salarios.

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Debilitamiento de posibilidades

Ante la crisis económica por la pandemia del covid-19, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe “La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad”, reporta que Latinoamérica ha retrocedido más de una década en la participación laboral femenina. Ante esto, se estima que el producto interno bruto (PIB) de la región caerá un 7.7 % y el desempleo aumentará un 10.4 %. Castaneda, del ICEFI, explica que las mujeres que se verán más afectadas serán las del sector informal.

Según la Digestyc, el año pasado, 393,933 salvadoreñas trabajaban en la informalidad, correspondiente al 23.4 % del total de trabajadores de dicho sector. Tras las medidas de confinamiento, las mujeres no solo vieron una reducción en sus ingresos; también se duplicó la actividad no remunerada.

“Lorena” (nombre ficticio a petición suya) comenta que, durante la cuarentena obligatoria, sintió que tenía tres trabajos al enfrentarse con su rol de madre, empleada y ama de casa. “Le voy a poner un ejemplo claro. Un día, en cuarentena, tenía que bañar a mi hijo, estar en una reunión y pasó la persona que vende agua. Tenía que comprarla porque en ese tiempo no llegaba muy seguido. Sentí que no podía”, relata. Sin embargo, perdió su empleo por el impacto del covid-19. La justificación de su despido fue su bajo rendimiento. Su jefe no creyó la enfermedad cardíaca que desarrolló. Así como Lorena, muchas salvadoreñas deben enfrentar la crisis económica por la pandemia.

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A juicio del economista del ICEFI, el Gobierno de El Salvador no es consciente de la situación a la que se enfrentan las jefas de hogar para superar la crisis actual, ya que en el Presupuesto General de la Nación los programas para el desarrollo de la mujer han presentado recortes. Asimismo, el Estado no estaría asumiendo su responsabilidad y estaría dejando prácticamente a las mujeres a su propia suerte para afrontar dicha crisis, explica el experto.

Además, Castaneda detalla que de aprobarse la Ley de Agentes Extranjeros se reduciría el apoyo que reciben las organizaciones de sociedad civil y, por tanto, el Estado no estaría asumiendo su responsabilidad e incluso restringiría a que otros actores que brindan empleos, para reducir las brechas lo hagan. Por ello, expertos consideran necesario la implementación y financiamiento de políticas públicas que velen
por el desarrollo de las mujeres.

Así lo plantea la representante de ONU Mujeres El Salvador, Ana Elena Badilla, al destacar el potencial de productividad de las mujeres jóvenes incorporadas en la economía juega un papel fundamental de sus hogares, comunidad y del país, ya que la mayoría está en el rango de la edad productiva, entre 15 y 45 años.

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Finalmente, Castaneda, del ICEFI, destaca que es indispensable que las mujeres reconozcan que son garantes de derechos. A partir de ahí, exigirle al Estado el diseño, financiamiento y la puesta en marcha políticas públicas encaminadas a reducir las desigualdades entre hombre y mujeres.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.

Esta nota fue originalmente publicada en la edición 168/ Diciembre 2021-Enero 2022