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“No quiero traer niños al mundo a pasar trabajo”: venezolanas que emigran en busca de abortos y anticonceptivos
Las escasez de anticonceptivos en Venezuela supera el 80% y al mismo tiempo, las condiciones para sobrellevar un embarazo y dar a luz con seguridad son muy precarias. Por eso, miles de mujeres venezolanas cruzan la frontera hacia Colombia para parir y en busca de métodos para no tener más hijos de los que pueden sostener.
Élida emigró a Colombia desde Venezuela para parir con seguridad y esterilizarse. Crédito: Marta Martínez
Cuando se quedó embarazada en 2018 de Christopher, su segundo hijo, Élida sabía que iba a ser el último. A los 30 años, decidió esterilizarse. También sabía que su embarazo significaba irse de Venezuela.
“Siempre tuve en mente que no quería tener muchos hijos,” explica. “No quiero traer niños al mundo a pasar trabajo y necesidad”.
Élida no entiende por qué hay mujeres “que se llenan tanto de hijos, en vez de buscar los métodos”. “Aquí en Colombia hay demasiados métodos anticonceptivos”, añade. “Aquí si una sale una embarazada es porque quiere. Ahora, en Venezuela es muy distinto: en Venezuela si uno sale embarazada se entiende que es por la situación”.
La escasez de anticonceptivos en Venezuela se sitúa entre 83% y 91%, según el informe Mujeres al límite. Esto ha hecho que los embarazos se disparen: tanto los deseados como los no deseados. Además, la mortalidad materna creció en 66% entre 2015 y 2016, y desde entonces el gobierno venezolano no ha publicado más datos oficiales al respecto.
La grave situación económica y política que vive el país ha afectado de forma muy específica a las mujeres: arrebatándoles su capacidad de decidir cuándo y cómo tener hijos –incluso la decisión de tenerlos. Cada vez más, la crisis las obliga a tomar decisiones drásticas como abandonar el país para dar a luz, abortar o esterilizarse.
“Las brechas de género que podemos encontrar en este momento son brutales”, explica Magdymar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), una de las organizaciones que ha elaborado el informe Mujeres al límite.
“Es tan importante que las mujeres tengamos garantizados nuestros derechos sexuales y reproductivos que sin eso no podemos acceder a otras cosas”, añade León. “Cuando dejamos de controlar nuestra reproducción, por supuesto que volvemos a la prehistoria”.
Élida Betancourt sufrió una hemorragia durante el parto de su último hijo, debido a una mala praxis en una cesárea anterior. Crédito: Marta Martínez
El primer embarazo de Élida, hace siete años, fue complicado. Tuvo que pasar seis meses en cama y dio a luz por cesárea. Sus miedos se multiplicaron con el segundo embarazo, a medida que el acceso a la comida y la salud se deterioraban en el país. “Durábamos hasta dos días, tres días sin comer porque no conseguíamos”, recuerda. “Incluso hubo varios días que estuve hospitalizada. Eso fue lo que más me motivó a no querer tener más niños”.
Las condiciones para dar a luz en Venezuela son muy precarias: las pacientes deben comprar en el mercado negro todos los insumos necesarios para el parto (medicamentos, gasas, sueros, vacunas), los apagones constantes hacen que cualquier complicación sea todavía más riesgosa y el personal médico es cada vez más escaso.
Para que ni la vida del bebé ni la de la madre corrieran peligro, Élida y su marido decidieron marcharse a Colombia. Ella también deseaba hacerse la ligadura de trompas en cuanto su hijo naciera, pero Venezuela ya no ofrecía la intervención en los hospitales públicos y ellos no podían permitirse el costo de una clínica privada.
La esterilización femenina era uno de los métodos promovidos por el gobierno de Venezuela antes de la crisis. Datos oficiales de 2010 sitúan la esterilización quirúrgica femenina como el método anticonceptivo más usado entre las mujeres venezolanas (26%), por encima de la píldora (21%) o los preservativos (3%).
El gobierno organizaba “jornadas de esterilización” en las cuales las mujeres, principalmente las de menos recursos económicos, podían acceder a la intervención gratuita y en el mismo día regresar a casa, pero también con muy poca información sobre los riesgos y las consecuencias de la operación. Sin embargo, estas jornadas se han vuelto cada vez más esporádicas e impredecibles.
Élida estaba embarazada de seis meses cuando llegó a Cúcuta, la ciudad colombiana más grande cerca de la frontera con Venezuela. Más de 4,5 millones de venezolanos han abandonado el país, según cifras de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Entre abril y junio de 2018, Migración Colombia registró la entrada de más de 8,200 mujeres venezolanas embarazadas en el país.
“Cuando llegué aquí no tenía el primer control, nada, no tenía ni ecografías, ni las vacunas,” explica Élida avergonzada.
Cuando Élida entró al hospital Erasmo Meoz con contracciones, su petición fue clara: quiero que me esterilicen. En este hospital público, el principal centro de atención en toda la frontera con Venezuela, más de 75% de los niños que nacen son de madres venezolanas. Hace tres años, estos nacimientos solo representaban el 5% del total.
La pelvis cerrada de Élida no permitía salir al bebé y hubo que realizar una segunda cesárea. Gracias a eso, Élida pudo acceder a la ligadura de trompas justo después del parto. El hospital solo ofrece la ligadura de trompas a las mujeres que hayan tenido dos o más cesáreas, ya que el útero se deteriora con este tipo de operaciones y se puede romper con un futuro embarazo
Durante la operación, Élida sufrió una fuerte hemorragia. Los doctores le dijeron que era consecuencia de una mala praxis realizada en Venezuela durante su primera cesárea. “Si hubiera sido en Venezuela, me hubieran dejado morir”, asegura.
La doctora Jenny Peña, coordinadora de emergencias del Erasmo Meoz, asegura que cada vez más mujeres venezolanas solicitan la esterilización definitiva. “Es una buena opción para ellas”, dice Peña. “Con eso nosotros minimizaríamos ese riesgo de tener más niños que el mundo los va a asumir”.
Un grupo de mujeres se agolpa a las afueras del centro de salud Las Margaritas en La Parada, Colombia, junto al puente fronterizo “Simón Bolívar” que conduce a Venezuela. Crédito: Marta Martínez
La mayoría de las mujeres venezolanas que llegan a Colombia piden la ligadura de trompas, explica Luz Paola Morales, directora regional de Profamilia, la mayor organización especializada en derechos reproductivos de Colombia. “Para las mujeres venezolanas, la prioridad son los métodos anticonceptivos a largo plazo por su proyecto de vida”, explica Morales. “En este momento no desean tener otro embarazo”.
En su pequeña y limpia oficina de paredes metálicas, ubicada dentro de un centro de salud donde operan varias organizaciones humanitarias cerca del puente Simón Bolívar, Profamilia atiende entre 40 y 50 mujeres al día, la mayoría venezolanas; lo que más piden son métodos anticonceptivos como inyectables trimestrales, píldoras y condones, explica Morales, que Profamilia ofrece de forma gratuita.
La ONG también ayuda a mujeres de cualquier nacionalidad que deseen abortar. La atención de abortos de mujeres venezolanas se ha disparado en los últimos dos años. En 2017, Profamilia realizó 26 abortos a mujeres venezolanas en Colombia. En 2019, esta cifra ya supera las 814 intervenciones y todavía no ha terminado el año.
A diferencia de Venezuela, donde el aborto es ilegal, en Colombia las mujeres pueden hacerlo legalmente bajo tres causales: en caso de que el feto sea incompatible con la vida, cuando la concepción es resultado del abuso sexual y cuando puede poner en riesgo la salud de la madre.
“Las causales que más se utilizan en este momento con las mujeres venezolanas es la causal salud y la causal de abuso sexual”, explica Morales.
El aborto es un tema tabú en Venezuela, donde la religión tiene mucho peso. La doctora ha detectado una gran falta de información entre las mujeres venezolanas en cuanto a educación sexual y sus opciones en caso de quedar embarazadas. La mayoría desconoce que el aborto no está criminalizado en Colombia y se encuentran casos de mujeres que han realizado “abortos clandestinos” en Venezuela y luego terminan en la clínica de Profamilia cuando su vida está en riesgo.
Margarita (prefiere no usar su nombre real por miedo a que la reconozcan) llevaba dos meses en Cúcuta cuando su periodo se retrasó. Esta mujer de 41 años había dejado su país de origen para trabajar y mantener a sus tres hijos, que siguen en Venezuela y dependen económicamente de ella.
No le hizo falta hacerse ninguna prueba de embarazo. “Me di cuenta desde el primer momento que ya estaba embarazada”, recuerda sin poder contener las lágrimas. “Quería morirme”.
Quedarse embarazada no estaba en sus planes. “Mi único plan era trabajar”, dice. “Las personas no te dan empleo porque estás embarazada, porque saben que hay que cubrir gastos, no rindes”.
Margarita no podía pensar en nada más. Empezó a sentirse angustiada, deprimida. Una amiga colombiana, una de las pocas que sabía de la situación de Margarita, buscó en internet y se enteró de la existencia de Profamilia. Margarita visitó al médico de la ONG, que le recetó unas pastillas para provocar el aborto.
A las cuatro horas de tomar las pastillas, Margarita empezó a sangrar. Todo iba según lo esperado, pero dos horas más tarde los coágulos eran cada vez más grandes, le dolía mucho el vientre y notaba cómo la sangre le bajaba por las piernas. “Pensé que me iba a morir”, recuerda Margarita. En mitad de la noche, tomó un taxi y se fue sola al hospital Erasmo Meoz.
Estuvo dos días ingresada y ahora se recupera poco a poco. Pasa el tiempo recostada en el sofá de su amiga, cuidando de la hija de esta, y leyendo mitos griegos. Muy pocos saben qué le pasó realmente. Ni siquiera se lo ha contado a la familia venezolana con la que vive. “Porque a lo mejor me critican o me juzguen, y no vean bien lo que hice,” explica. “Entonces prefiero dejarlo así”.
No fue una decisión fácil para Margarita, pero no se arrepiente. A las mujeres venezolanas les aconseja: “Usen condones, tomen pastillas para que más adelante no pase nada y puedan continuar con su vida común”.
“Da mucha tristeza ver a un niño en la calle comiendo de un basurero, pasando frío toda la noche en la calle, sin una madre o un padre que los abrace o los pueda tener debajo de un techo”, añade.
Ahora Margarita solo piensa en una cosa: recuperarse lo antes posible para salir a trabajar. “Sabemos que corremos el riesgo haciendo un aborto, sabemos que no está bien hecho, pero sin embargo hay cosas más grandes que te hacen hacerlo”, dice. “El amor a la familia, el saber que pueden quedar desprotegidos es más grande que eso”.
El reporteo de esta historia contó con el apoyo de la International Women’s Media Foundation, a través de su Iniciativa Adelante de Reporteo en América Latina.