Para las personas LGBTI el Estado no ha dado suficientes garantías en materia de seguridad. El sistema judicial también queda en deuda. Esta es la historia de Flor, quien fue expulsada dos veces por la pandilla MS en San Luis Talpa, La Paz.

Era junio de 2020, el tercer mes de paralización de la vida por la pandemia. Flor estaba en su casa, en el cantón Nuevo Edén de San Luis Talpa, La Paz. Tocaron la puerta. Confiada en que podía ser un familiar, abrió el portón sin preguntar quién era. Un grupo de pandilleros de la MS se metió a la casa de forma intempestiva.

No querían dinero ni nada material. Exigieron el número telefónico de Flor, el cual verificaron con una llamada perdida. Minutos después, el celular de Flor sonó.

“Si no te vas, mañana te vamos a ir a matar”, dijo una voz desconocida. “No queremos ver a ningún c… o (en San Luis Talpa) porque le botan la plantilla al lugar”, agregó.

Semanas antes, un grupo de niños también había llegado a su casa para pedir su número de contacto, exigido por “los bichos” (pandilleros), pero no lo obtuvieron.

Flor es una mujer transgénero de 21 años de edad, de tez morena. En sus ojos se enmarcan la angustia por la persecución, no solo de las pandillas, sino de un entorno que siempre ha sido hostil. Desde sus 14 años decidió asumir una expresión de género femenina, algo que para sus maestros fue un impedimento para asistir a clases.

“Tenés que venir con el cabello corto, sino no vas a entrar”, le decían los profesores del Centro Escolar cantón Nuevo Edén, en San Luis Talpa. La insistencia de los profesores por imponer esas normas llegó a incomodarla tanto que dejó de estudiar.

Tras la amenazante llamada telefónica de junio pasado, Flor no dudó en moverse con rapidez del lugar. Desde entonces, vive donde una amiga en una zona alejada. Su madre y hermanos han recibido amenazas dirigidas hacia ella.

Incremento de desplazamientos LGBTI

Durante 2020, el desplazamiento forzado de personas de la población LGBTI se incrementó más de 55% respecto a 2019 cuando se suponía que el país estaba viviendo un panorama diferente por el Plan de Control Territorial y las limitaciones que impuso la pandemia.

Según registros de Comcavis Trans, organización que atiende a personas de esta población en diversos temas, entre enero y noviembre de 2020 hubo 120 casos, frente a 74 durante el mismo periodo de 2019, es decir, 46 casos más. Los meses más complicados coinciden con lo más duro de la cuarentena: abril,  41; mayo con 16 y junio con 14.

Esta alza contrasta con los desplazamientos totales de la institución oficial. Los casos registrados por la Dirección de Atención a Víctimas (DAV) entre enero a octubre de 2020 fueron 649, frente a 872 del mismo periodo en 2019. Sin embargo, los expertos no consideran que esto sea un logro, sino resultado de la falta de trabajo de la DAV.

“Las Oficinas Locales de Atención a Víctimas (OLAV) suspendieron sus servicios a la población porque se encuentran ubicadas dentro de hospitales nacionales, si bien su ubicación es estratégica, al momento de la pandemia limitó el acceso de las víctimas”, asegura Bianka Rodríguez, directora de Comcavis Trans. Es decir, la baja en la cuenta oficial podría obedecer Derechosmás a una falta de operatividad, que a una disminución de la problemática.

Una historia repetida

Años atrás, Flor vivió otro episodio de terror. En 2015, un grupo de mujeres trans y hombres gay originarios del lugar, organizaron un equipo de softball que jugaba, eventualmente, en una cancha de San Luis Talpa. Paralelo a  ello, un numeroso grupo de pandilleros estaba tomando fuerza en el lugar.

Según explica Flor, la violencia de muchos pandilleros inició cuando estos les pedían favores y ellas no accedieron. Entre las peticiones estaban la de transportar drogas y armas.

“Nos decían que ‘ustedes como son c… s no les van a hacer nada los policías; llévennos droga’ o cosas así, armas, pero nosotras nunca cedimos, muchas éramos golpeadas o amenazadas”, asegura.

Como una forma de represalia, las pandillas llegaron al punto de limitarles las reuniones en  la cancha. “No las queremos en San Luis porque le bajan la plantilla al lugar”, les decían desde entonces. Es decir, para los pandilleros la presencia de mujeres trans allí proyectaba una imagen débil ante pandilleros de otras zonas que visitaban el área.

Las amenazas de los pandilleros arreciaron en febrero de 2017. El 18 de febrero, la alcaldía organizó una fiesta por el Día del Amor y la Amistad en la casa comunal del municipio. Varias mujeres trans asistieron a pesar de las amenazas. Flor no quiso ir por temor a que algo sucediera y así fue.

Tras la fiesta, Daniela Rodríguez y Yasuri Orellana fueron asesinadas por pandilleros cuando regresaban a sus casas. Flor y una amiga, Elizabeth Castillo, asistieron al entierro el 21 de febrero. Al salir, un vehículo las interceptó y dos hombres que bajaron del auto las obligaron a subir. “Nos agarraron con arma, andaban todos vestidos con pasamontañas”, recuerda Flor.

En el camino, los hombres les decían insultos y las golpeaban. “Ya se les había advertido. No hicieron caso, entonces ahora le van a hacer caso a la bestia”, le dijeron los raptores a Flor y Elizabeth. En el trayecto, una discusión entre los raptores hizo que pararan en la carretera que conduce hacia Comalapa.

Correr y sobrevivir

En el momento que los tres hombres bajaron del carro, Flor y Elizabeth decidieron arriesgarlo todo. Abrieron la puerta y saltaron del auto. “Mi compañera al bajarse del carro, como que de los nervios se cayó y se dobló el pie, pero yo ya no supe más de ella porque me tiré al barranco y corrí, me fui por una finca de plátanos al otro pueblo vecino, San Juan Talpa. No recuerdo cuántos balazos, pero sí nos dispararon”, explica Flor, casi entre lágrimas.

Debido a ese incidente, Flor se refugió donde familiares en San Salvador desde 2017 hasta mediados de 2019. Elizabeth no pudo escapar. Su cadáver apareció al día siguiente, con señales de tortura, en la carretera que conduce hacia Cuyultitán, un municipio vecino.

En julio de 2017, cinco pandilleros fueron acusados de los homicidios de Daniela y Yasuri y Elizabeth. En un inicio, las investigaciones policiales daban cuenta de que el crimen había sido debido a “rencías” de ambos grupos, pero eso cambió en el proceso judicial.

Primera condena por odio

En 2015, una reforma al Código Penal incluyó como agravante de los delitos de homicidio y amenazas, la intolerancia y odio contra las víctimas debido a su identidad, orientación sexual, expresión de género. Hasta la fecha, solo el crimen de Daniela y Yasuri ha sido condenado tomando en cuenta esa agravante, prevista en el artículo 129, numeral 11.

Los imputados eran Aníbal Alfredo Saravia M., Carlos Antonio Molina R. y Edwin Giovanni Méndez A., quienes recibieron penas de 60 y 66 años de prisión, el pasado 23 de febrero, según reportó la Fiscalía General de la República.

En 2019, Comcavis Trans registró 10 asesinatos de mujeres trans, uno de ellos fue el de Camila Díaz.

Por el crimen de Díaz, tres agentes policiales recibieron una pena de 20 años de prisión por homicidio agravado, en julio de 2020. La fiscalía había solicitado 50 años por considerar que se trataba de un crimen de odio; sin embargo, el juez Quinto de Paz de San Salvador desestimó este agravante. Dijo que en los exámenes psicológicos, “los policías no habían mostrado rechazo a expresiones de género diversas y no había más pruebas que sustentaran ese hecho”.

Campos, de la PDDH, considera que hace falta una sensibilización de los operadores de justicia, pero también ha detectado otro error en los procedimientos.

“El beneficio de la debida diligencia tiene que aplicarse desde el inicio, desde que la policía llega al lugar de un crimen, presumir que se puede tratar de un crimen de odio; no al revés, después que ya investigó e hizo inspecciones”, explica la procuradora adjunta.

Otro de los problemas que enfrenta la población trans es la falta de una Ley de Identidad que reconozca sus nombres. En la mayoría de casos, las autoridades les registran con los nombres según DUI y omiten la información de su orientación.

Para la aplicación efectiva de la justicia, Kerlin Belloso, de la Dirección de Acceso a la Justicia de FESPAD, también señala la falta de una ley de identidad “impide que legalmente en todo el proceso judicial las personas trans puedan ser llamadas acorde a la identidad de género asumida y por ende violenta su derecho a la intimidad personal y a la dignidad humana”.

Rina Montti, directora de monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal, que da asistencia a las personas en condición de desplazamiento forzado interno, critica la pasividad de los diputados: “ni siquiera han podido darle el debido proceso a las propuestas de ley que se han mandado para identificar a las personas con su identidad de género”, explica.

Por su parte, el investigador de derechos LGBTI de Human Rights Watch, Cristian González, asegura que “en general, en El Salvador no han habido suficientes esfuerzos para combatir la discriminación y violencia que enfrentan las personas LGBTI en el país. Por ejemplo, no existe una ley civil integral contra la discriminación de estas personas, ese sería un primer paso del Estado para proteger a esta población”, propone.

En 2018, el FMLN introdujo una propuesta de Ley de Identidad de Género a la Asamblea, pero hasta ahora no ha habido aprobación.

La breve pacificación de San Luis Talpa

Durante 2017, después del triple asesinato de febrero, la PNC hizo varias capturas. En algunos de los operativos hubo enfrentamientos y muchos de los pandilleros murieron. Flor supo que al final de ese año hubo una relativa tranquilidad en el municipio, pero no se animó a volver, sino hasta mediados de 2019.

Esa tranquilidad terminó en 2020 cuando varios pandilleros quedaron en libertad. Según describe Flor, para marzo de 2020, al menos tres conocidos cabecillas de la MS habían vuelto al cantón Nuevo Edén y empezaron a extorsionar a la población.

San Luis Talpa es uno de los 22 municipios donde el gobierno ha priorizado el Plan Control Territorial; sin embargo, los hechos de violencia como el desplazamiento forzado de Flor, continuaron en 2020. La vuelta de los pandilleros al territorio ha avivado la desconfianza en las mismas autoridades.

Poner una denuncia por amenazas o extorsión, no es una opción para los pobladores de Nuevo Edén. Según Flor, en la colonia donde ella vivía “asesinaron a muchas mujeres que  denunciaron a los pandilleros  porque habían golpeado a sus hijos. Los policías mismos les decían: ¿quién denunciaba?. Eso uno lo dice porque los mismo pandilleros  dejaban  notas junto a los cadáveres”, recuerda.

Los nombres de las víctimas de desplazamiento en este reportaje han sido cambiados para proteger su integridad.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.