HUNTSVILLE, Alabama.– “Fue muy difícil tomar la decisión de venir a hacer esto”, confiesa Jazmine*, una de las pacientes que acudió a finales de mayo al Alabama Women’s Center –una de las tres clínicas de abortos que restan en el estado– a terminar su embarazo múltiple de casi seis semanas. En su vientre hay dos embriones fecundados y ella no lo sabía: se lo reveló el ultrasonido que el estado le obligó hacerse hace dos días antes de someterse al procedimiento.

“No se lo puedo contar ni a mi mamá, no puedo. Fui criada en una casa cristiana, ella no lo aprobaría”, dice.

Jazmine ya es madre soltera de un niño de 7 años que sufre de anemia falciforme y vino acompañada de una prima lejana a quien solo se lo contó porque no le permitían venir sola. “Si no, hubiese venido sin decirle a nadie”. Está nerviosa, pero aliviada. Quiere expresar cómo se siente, siempre y cuando protejamos su identidad: “Las cosas van a estar bien simplemente porque tengo esta opción. Si no la tuviera… solo pensar qué pasaría si no la tuviera… No estoy en una buena posición para cuidar a mi único hijo, mucho menos a tres. He pasado por esto sola y no puedo volver a hacerlo. Ni mental, ni física, ni emocionalmente, ni tampoco desde el punto de vista financiero. No dos veces, no sola”.

Dos mujeres en la primera línea de batalla por la defensa del derecho a decidir en una las tres clínicas restantes que proveen abortos en Alabama: la doctora Yashica Robinson y la enfermera Lashonda Clemens-Pinchon. Crédito: Ana María Rodríguez

La encargada de realizar el aborto es la directora de la clínica: la doctora Yashica Robinson, una ginecóloga con 14 años de experiencia que también ejerce como obstetra asistiendo un promedio de 20 partos al mes en otro hospital. Ella ha alzado su voz para explicar “cuán necesarios” son los servicios que provee destacando el mismo argumento de organizaciones de derechos humanos, abogados y demás expertos en salud reproductiva: “las prohibiciones al aborto no impiden que ocurran. lo único que hacen es volverlos menos seguros. Si alguien necesita uno, por la razón que sea, lo buscará, incluso fuera del sistema de salud”.

A la doctora Robinson “le enfurece” la legislación que acaba de aprobarse en el estado. Dice que como médico siente rabia pues entiende que esta no es una decisión ligera. “Es algo que toma tiempo pensar y que cada quien debe hacerlo por sí mismo, sin ningún tipo de influencia política. Esta decisión se toma por razones que tienen que ver con la salud general de las mujeres y sus familias. No solo su salud física, sino también mental y financiera. Ni las leyes ni la política pueden jugar un rol allí. No hay ninguna otra área de la medicina donde esto ocurra”.

Jim Snively, de Huntsville, protesta frente al Alabama Women’s Center el 17 de mayo de este año. Manifestantes acuden a las inmediaciones de la clínica a diario no solo para mostrar sus mensajes, sino para insultar a las mujeres y a los trabajadores. Crédito: Eric Schultz/AP

“Una paciente me contó de las pesadillas que tuvo el día antes de venir a mi clínica, pues pensó que se le iban a negar los servicios debido a estas leyes restrictivas”, contó la doctora Robinson, durante el testimonio que ofreció ante el Congreso el pasado 6 de junio.

Aunque la ley estipula que las mujeres no serán criminalizadas por abortar, los doctores que practiquen abortos sí que podrán ser acusados y enfrentar penas de hasta 99 años de cárcel. El texto tampoco incluye excepciones para casos en los que el embarazo es producto del abuso: de una violación o incesto. Al ser cuestionada sobre si no hubiese preferido incluir excepciones para al menos estos dos casos, la gobernadora Ivey contestó que “todas las vidas son valiosas”. De modo que de entrar en vigencia el aborto sería ilegal en todo los casos, con la única excepción de que la vida y la salud de la madre estén en peligro.

Eso es algo que le preocupa mucho a la doctora Robinson, pues le parece que la orden está cargada de subjetividad y no sabe cómo funcionará en la práctica. “¿Exactamente en qué punto es que ellos estarán de acuerdo con que su vida está corriendo un riesgo lo suficientemente grande como para que yo proceda?”.

Cuando Jazmine tomó la decisión de hacerse un aborto, ella pensaba que solo tenía que ir a la clínica y ya. No es así. Aunque la recién firmada ley no esté vigente, hay restricciones en pie. “En el estado de Alabama hay un período de espera de 48 horas para quien necesite acceder al procedimiento”, explica la enfermera Lashonda Clemons-Pinchon. La ley exige a las enfermeras como ella ofrecer una sesión de consejería a quienes asistan a una primera cita en la clínica: les da a conocer sus opciones y les entrega un folleto con recursos de ayuda (como cupones de comida, por ejemplo) en caso de que decidan continuar con el embarazo.

“Apenas me enteré de que tenía que esperar otras 48 horas para poder ejecutar algo que yo ya había decidido que necesitaba, quería morirme de los nervios”, recuerda Jazmine. “Entre eso y las hormonas, dudé, pensé que quizás no iba a ser capaz. Necesité mucha valentía para venir aquí la primera vez y ahora tuve que venir de nuevo”.

Clemons-Pinchon asegura que cuando una mujer llega a las puertas de la clínica es porque ya ha tomado una decisión: “No estoy lidiando con personas que no pueden decidir por sí mismas. Esta es probablemente una de las decisiones más complicadas que les tocará tomar en sus vidas, de modo que cuando llegan al consultorio, ya tienen claro lo que necesitan hacer”. Cuando ella empezó a trabajar en el Alabama Women’s Center de Huntsville, en el año 2006, la clínica era una de 11 en el estado; ahora es una de tres (las dos restantes están en Montgomery y Tuscaloosa).

Las clínicas que proveen abortos no son las únicas que han ido desapareciendo. Según cálculos de la doctora Robinson, por lo menos 10 centros de salud rurales han cerrado en la última década. “Ya hay una escasez de servicios. Ni siquiera se ofrece la suficiente atención para cuidados prenatales”, lo que no está contribuyendo sino empeorando las altas tasas de mortalidad materna e infantil en el estado. Eso también ha ocasionado que se incremente la cantidad de pacientes que viajan desde otros lugares. “Estoy atendiendo de forma consistente a personas de Louisiana, Georgia, Florida, Mississippi y Tennessee”, dice la ginecobstetra.

Acceder al procedimiento tampoco es barato: cuesta unos 500 dólares en promedio, si se realiza durante las semanas iniciales, pues de requerirse un procedimiento quirúrgico el monto aumenta. “Tuve que conseguir los 502 dólares de la nada. Y ahora voy a tener que encontrar la manera de sobrevivir estos días, hasta que vuelvan a pagarme, pues esa era toda mi quincena.

Además de las restricciones, quienes acuden a las clínicas que siguen practicando abortos deben superar los insultos y gritos cargados de odio de los manifestantes que se instalan en las entradas, no solo de esta clínica en Huntsville, sino de las dos que restan en Alabama: una en Montgomery, la otra en Tuscaloosa. Muchos de ellos acuden allí con cámaras, transmiten a través de Facebook live a las mujeres que van llegando a la clínica, graban sus placas de sus vehículos y las ridiculizan.

“Se trata de un tipo de abuso que no tiene precedentes en otras áreas de la medicina”, dice Robinson. “¿No tienen nada mejor que hacer? No entiendo cómo y por qué alguien querría hacer sentir a otro peor de lo que ya se siente”.

“La habilidad de una mujer para tomar sus propias decisiones sobre su embarazo está en el centro de su derecho fundamental a la igualdad, la privacidad, la integridad física y mental. Es una condición para que pueda disfrutar de sus derechos y libertades. Las restricciones legales a los abortos típicamente han sido diseñadas para controlar la habilidad de la mujer para decidir”.

Jazmine* no es un nombre verdadero. Su identidad fue protegida.

Esta historia se realizó con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) y el Women’s Equality Center (WEC).