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Yucatán entre los estados de México con más embarazos en niñas y adolescentes, no difunde la NOM. 046 en las periferias mayas
En un periodo de cuatro años, del 2018 a 2022, el gobierno de Yucatán invirtió menos del .01 por ciento de su presupuesto del área de Salud para difundir la NOM-046-SSA2-2005. La NOM 046 -como es conocida- tiene como objetivo la prevención y atención de la violencia familiar dentro del sector salud y privado. Además, garantiza el acceso de las mujeres y personas gestantes a la interrupción del embarazo en caso de violación.
El área encargada de difundir la información para que llegue a las niñas, adolescentes, mujeres que viven en los 106 municipios y comunidades mayas de Yucatán, es el Departamento de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género, de la Subdirección de Salud Mental.
A través de una solicitud de información que se realizó a los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) se constató que en cuatro años (2018-2022), solo en el 2021, se imprimió un cuadernillo de la NOM. 046.
Al ser una norma de salud pública y también de prevención, el Estado tiene la obligación de difundirla. Sin embargo, se constató en un recorrido que no existen folletos o carteles en los centros de salud y hospitales públicos de los municipios que mencionen a la NOM. 046. Ni en español, ni en lengua maya y menos de manera integral. Preocupa que el personal que atendió a las mujeres que fueron a preguntar negó conocerla.
La falta de información de la NOM. 046 deja en indefensión a las mujeres y más a las que viven en los municipios.
Anahí, una niña víctima de violación que no accedió a la NOM. 046
Anahí tenía cuatro años cuando fue violada por su papá y abuelo paterno -padrastro de su papá-. Su abuela materna, Wendy descubrió lo que vivía su nieta. Denunció en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán. La revisó el médico legista y confirmó la agresión. Sin embargo, no le proporcionaron la profilaxis contra el VIH/SIDA. Ni tratamiento médico de seguimiento.
La abuela de Anahí tampoco sabía que su nieta debía y podía prevenir las enfermedades de transmisión sexual después de una agresión sexual. Desconocía la existencia de la NOM. 046. Wendy nunca había leído o escuchado de este protocolo de actuación en casos de violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
La falta de información y campañas de este derecho de las víctimas de violencia sexual, tuvo como consecuencia que del 2010 al 2017, la FGE de Yucatán no canalizó a ninguna mujer a hospitales públicos para la aplicación de la NOM. 046. Ni todas las que denuncian reciben esta atención integral.
Niñas no madres
En el 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) colocó a Yucatán entre los primeros 10 estados del país con más nacimientos registrados en niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años de edad.
Llama la atención, que a pesar de las cifras del embarazo en menores de edad, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán respondió a través a una solicitud de información que no lleva el registro de las edades de las mujeres, niñas y adolescentes que denuncian ser víctimas de violación.
En sus instalaciones no existe publicidad visible que informe a la ciudadanía de la NOM 046. Situación que se constató en un recorrido en las áreas externas y oficinas del lugar. Algunas mujeres que acudieron a denunciar lo confirmaron.
Cifras obtenidas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia constataron que el número de mujeres, incluido menores de edad, que accedieron a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) fueron pocas en relación a las denuncias por violación sexual. En 2016 ninguna, del 2017 al 2021, 19 y 12 en 2022. Del total 10 eran menores de edad.
La mayoría de las mujeres que accedieron a este derecho eran originarias de Mérida y Valladolid, y algunas de los municipios de Tekax, Hunucmá, Umán, Oxkutzcab, Kanasín, Cuzamá y Progreso.
Además, aunque la respuesta que entregó los Servicios de Salud de Yucatán eran casi ilegible, se constató que del 2010 a 2022, las mujeres acceden al aborto solo en dos hospitales: el General Agustín O’Horán y el General de Valladolid.
Martha víctima de explotación sexual, aborto a los 11 años en un hospital público y la regresaron a casa con su tratante
Martha tenía 10 años cuando fue víctima de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Vivía en una comisaría del municipio de Progreso y su madre la prostituía. A los 11 años la llevó a un hospital público en Mérida a abortar. Ya existían denuncias de las y los vecinos que dieron parte al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF Yucatán). La pequeña regresó a casa y a los 14 se convirtió en madre.
Una de las vecinas que cuidó de la adolescente cuando se embarazó por segunda ocasión, reclamó que las autoridades no la protegieron. Pensó que con las denuncias y el primer aborto bastaría para investigar el caso.
A Martha, el DIF de Yucatán la envió después de parir en el Hospital General Agustín O ‘Horan a la casa hogar Vida y Familia A.C. (VIFAC).
“Hay una denuncia del primer aborto y el DIF no hizo nada, esperaron que ahora que se embarazó por segunda vez y tuvo al bebé, así se movieron y la llevaron a VIFAC. Nada hubiera pasado si hubieran tomado cartas en el asunto en el momento que debían”, relató Miriam, la mujer y vecina que resguardó a Martha.
Martha accedió a la interrupción legal del aborto gracias a la NOM. 046, pero no de manera integral. Las autoridades no se coordinaron, ni investigaron cómo resultó embarazada una niña de 11 años.
“La otra es que cuando llegan esos casos a los Secretaría de Salud de Yucatán y se aplica la NOM 046 o van para un control de embarazos también deben investigar qué está pasando y como quedo embarazada esta niña, y a partir de ahí dar parte a las autoridades, pero para eso necesitamos una coordinación adecuada de todas las autoridades”, acotó la coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C (Unasse), Amelia Ojeda Sosa.
¿No difunden la NOM. 046 por que establece criterios para el aborto?
En el 2017, el Gobierno del Estado de Yucatán se comprometió a dar difusión a esta norma. Se acordó luego de que activistas, agrupaciones, colectivas y organizaciones feministas solicitaron la activación de la Alerta de Género. Opinan que no tiene suficiente difusión porque incluye el derecho a la interrupción legal del embarazo, al aborto.
“Por otro lado, hay mitos alrededor de esta norma, como si la norma obligara a las personas a interrumpir su embarazo. Para empezar se llama criterios para la Atención y Prevención de la Violencia esté física, psicológica y sexual”, explicó en entrevista la doctora e investigadora, Ligia Vera Gamboa.
Otro de los obstáculos para que las mujeres que viven en los 106 municipios de Yucatán, accedan a la NOM. 046, es que en los municipios no hay personal capacitado en esta norma de observancia obligatoria. “La información no llega a los municipios pequeños, las comisarías, en cambio sí podemos encontrar a personal capacitado y consciente en los municipios grandes”, recalcó la investigadora.
Son las colectivas feministas las que muchas veces realizan las tareas en las que el Estado es omiso. Acciones que van desde apoyar a las mujeres en las denuncias por violencia de género hasta acompañarlas en un aborto.
En Yucatán, Aborta Libre reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y acompaña a un promedio de 15 mujeres al mes.
“La principal dificultad a la que nos enfrentamos es la mitificación del aborto. Debido a esto trae miedos, también el acceso al medicamento es complicado, en las farmacias les niegan la venta cuando son mujeres. Durante el acompañamiento muchas veces nos cuentan que viven en contextos de violencia, con la pareja o familia”, recordó Bárbara Quintero una de las 10 integrantes de Aborta Libre.
En Tekax a Ana su pareja la hizo abortar, él no fue castigado, pero ella sí. Un médico del Hospital Agustín O’Horán en Mérida la denunció.
Ana no quería abortar. En el 2016, tuvo un malestar estomacal y su pareja le llevó un medicamento. Le dijo que tomara cuatro de las pastillas y se pusiera otras dos vía vaginal. Ella confió en él. Es importante mencionar que es una mujer mayahablante, que hace pocos años aprendió español. No podía leer las advertencias o instrucciones de la caja.
Horas después, el dolor y el sangrado la hicieron buscar ayuda primero en el Hospital General de Tekax, luego en uno privado de Oxkutzcab. Llevó el empaque de las pastillas y cuando lo exhibió no la quisieron recibir. Se trasladó en taxi al Hospital Agustín O’Horán en Mérida. El primer doctor que la atendió le reprochó sus acciones, la denunció y le advirtió “que se iría al infierno”.
“A las 8 hubo cambio de turno y entró otro doctor que me agarró mi mano y dijo que estaba muy fría. Me preguntó a qué hora ingresé, le dije 1 mañana y me preguntó que me pusieron, le respondí que nada y le habló con el médico que me atendió antes. Le preguntó por qué no me ayudó y él dijo que para que, si ya había abortado, que me muera con mi bebé”, relató en entrevista.
Ana está agradecida con el segundo médico del O´Horán, ya que la defendió, al igual que las enfermeras.
“El muchacho del segundo turno le contestó al otro doctor que no era un bebe, que una cosa de mes y medio no es un bebé, es un feto ni sabe que es o si estaba o no estaba. Ese doctor me dijo que no tuviera miedo, que él me atendería y ayudaría. Ahí estaba el doctor y una enfermera junto a mí”, recordó con tristeza.
Al mismo tiempo que le hacían un legrado, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estaban en su casa en Tekax. “En mi casa la policía judicial estaba espulgando una pastilla”, apuntó.
Ana estuvo en la cárcel 72 horas, salió absuelta y sin cargos.
“El médico me dijo que me iba a llevar, que ya estaban aquí los buitres (policías), pero que iba a quedar libre. Te juro por mi mamá y Dios que de la cama me bajaron, me acaban de hacer la limpieza, el legrado como le dicen, me sacaron así”, comentó.
No detalló mucho en el tema, pero explicó que el médico que la protegió roció con un líquido lo que extrajo del cuerpo de ella. Aseguró que lo regañaron, pero él se defendió. «Él les dijo infórmense que eso no es un bebé”, sentenció.
Los Servicios de Salud de Yucatán confirmaron en una solicitud de información que en el 2022, 47 médicos de hospitales públicos se declararon objetores de conciencia, sólo 18 médicos y 27 del personal de base de enfermería no lo son.
La violencia sexual en cifras
En Yucatán, en el 2020, en la ciudad de Mérida – capital de Yucatán – 13 mujeres denunciaron ser víctimas de violación y en el 2021, un total de 21 mujeres. Ese mismo año, acudieron 40 mujeres a las agencias de la Fiscalía en los municipios y en 2021, fueron 20, todas víctimas de este delito..
Mientras que en el 2016, en Mérida, acudieron a la FGE, 119 mujeres a pedir ayuda y en el 2017, 129. En las periferias, el 2015 fue el año en el que se registraron más agresiones sexuales, se abrieron 103 carpetas de investigación.
Tanto el aborto como las agresiones sexuales tienen implicaciones emocionales para las mujeres. Del tema platicó en entrevista, la psicóloga y cofundadora de La Colectiva Lunares, María del Carmen Gutiérrez González, quien enfatizó en la revictimización que viven aquellas que no tienen acceso a información. De nuevo, las mujeres mayas en los municipios.
“Aún existen mujeres para las cuales no está en sus opciones el aborto y es por la desinformación o por este discurso patriarcal hegemónico en el que me venden la idea de la maternidad como última cumbre en la vida de la mujer como este objetivo final. También puede estar muy cargado en un contexto religioso en el que, con base en esta misma narrativa, el aborto no es una opción porque es pecado”, sentenció.
La identidad de las entrevistadas fue modificada y se mantendrá bajo reserva debido a los testimonios relacionados con violencia sexual, así como algunas de sus ubicaciones.
Este reportaje fue apoyado por la International Women’s Media Foundation.