Nunca como ahora los derechos de las mujeres habían estado tan presentes en la conciencia colectiva gracias a los esfuerzos de movimientos feministas, organismos internacionales y organizaciones como la International Women’s Media Foundation (IWMF), cuya labor ha servido para poner en la mesa de debate un tema largamente silenciado.

Sin embargo, como reza un conocido refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho y en Honduras, aunque hay un discurso político aparentemente consecuente con la lucha feminista, en la práctica ha habido retrocesos alarmantes en los últimos años.

El anterior Congreso Nacional blindó la prohibición absoluta del aborto, aún en caso de violación o incesto, y reformar esa disposición requiere de tres cuartas partes de los diputados del Congreso Nacional.

La prohibición de la anticoncepción de emergencia que se impuso en 2009 sigue vigente, incluso en los casos de abuso sexual y en uno de los países con la mayor tasa de embarazos adolescentes, 89 por cada 1,000 niñas en 2020, según el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

En el nuevo Código Penal, que entró en vigor en 2020, las penas por el delito de femicidio se redujeron de entre 30 y 40 años de cárcel a entre 20 y 25. Ese mismo año un informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) ubicó a Honduras entre los países con la tasa de femicidios más alta de América Latina: 4.7 por cada 100,000 mujeres.

Si bien el triunfo de una mujer como primera presidenta de la historia de Honduras alentó también la percepción de que corren nuevos y mejores tiempos para las mujeres, todavía están por verse esas políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de esta población que representa más del 50 por ciento de los 9.5 millones de habitantes.

La pobreza, la violencia, la falta de oportunidades y la marginación siguen siguen golpeando con más fuerza a las mujeres, cuyas necesidades no son una prioridad para los tomadores de decisiones.

Es así que la noción creciente que hay en teoría sobre los derechos de las mujeres no se ha traducido a la práctica y amenaza más bien con hacer creer que lo que hay ahora es suficiente.

De allí la necesidad de plasmar en el periodismo que hacemos las desigualdades e inequidades que todavía siguen presentes en la realidad de las mujeres.

A través de ¡Exprésate! 2022 de IWMF he podido adquirir una mayor conciencia del papel preponderante que juegan los medios de comunicación para poner fin o extender aún más una cultura que las revictimiza, cosifica e invisibiliza, y de los cambios que debemos hacer en las coberturas y los enfoques para cambiar narrativas perjudiciales e ir deconstruyendo estereotipos con herramientas de lenguaje inclusivo y enfoque de género. 

Como periodistas estamos llamados a ser agentes de cambio para construir una sociedad más justa. Formarnos a través de iniciativas como la del IWMF es también una responsabilidad y un compromiso si queremos hacer un trabajo más efectivo.

No olvidemos que las mujeres siguen siendo esas sujetas invisibles cuando de sus derechos se trata, en un país donde todos tienen voz y voto para decidir sobre sus cuerpos, sus vidas y sus destinos, menos ellas.